Senent asegura que lo importante es pagar a los proveedores y que el ayuntamiento lo hace

El Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha dado cuenta hoy del informe correspondiente al segundo trimestre de 2011 sobre cumplimiento de plazos para el pago de las obligaciones municipales que, según ha explicado el Concejal Delegado de Política Tributaria y Fiscal, Silvestre Senent, “demuestra que el Equipo de Gobierno hace frente a todas sus obligaciones con herramientas que ampara la Ley como son los reconocimientos extrajudiciales de crédito, que también han sido objeto del debate plenario de hoy.

Así, tras aprobar la quinta relación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos del presente ejercicio, por un montante de 8 millones de euros, Silvestre Senent ha defendido que el Ayuntamiento “no tiene impago alguno y hace frente a todas sus obligaciones”.

Respecto al reconocimiento extrajudicial de obligaciones, “que es una fórmula absolutamente legal que utilizan todas las administraciones públicas”, ha concretado que de los 8 millones de euros, 5 corresponden a expropiaciones, que no se contemplan cuando se elaboran los Presupuestos Municipales”. De esta manera, ha contestado a la Concejala del Grupo Municipal Esquerra Unida, Rosa Albert, que ha cuestionado el uso de esta fórmula que en su opinión tendría que utilizarse “con carácter excepcional”.

Según Senent, “el uso de esta fórmula es posible porque hay consignación presupuestaria, y nunca se enmascara nada”, frente a la tesis del Concejal del Grupo Municipal Socialista, Pedro Sánchez, quien ha defendido que el Equipo de Gobierno “no gestiona bien el dinero de los valencianos, y paga mal y tarde a las empresas, cuyas facturas se guardan en cajones”.

Ante el anuncio de la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 20 de noviembre, la Alcaldesa ha intervenido en el debate generado por los temas de Hacienda, Dinamización Económica y Empleo, para manifestar su “incertidumbre” ante la fecha de los comicios “porque retrasará la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado, y tendrán que prorrogarse las cuentas actuales, con las que los Ayuntamientos reciben menos ingresos del Gobierno, y carecen de moratoria para pagar la deuda que ha sido generada por la mala gestión de la crisis económica de la Administración Central”.