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Blasco: “Cuestionar el modelo urbanístico de Valencia es dudar de la elección democrática de sus ciudadanos”

  • El Síndic popular denuncia que la Ministra esté más ocupada en “paralizar el Cabanyal que en controlar la SGAE que es algo que realmente le compete”

  • Insiste que “la voluntad democrática de los ciudadanos y la legalidad están por encima de los caprichos de un Gobierno”

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Rafael Blasco, ha indicado que “cuestionar el modelo urbanístico de Valencia es dudar de la elección democrática de sus ciudadanos”.

El Síndic popular se ha referido de esta manera a defender la tesis de la alcaldesa de Valencia respecto a los nuevos ataques de la ministra de Cultura, Ángeles Sinde y de su teoría sobre “un barrio que conoce por pasar de puntillas y por tanto, sin conocer las necesidades de sus vecinos”.

Aunque, ha dicho que sólo el respaldo que ha obtenido la alcaldesa Rita Barberá y el programa del Partido Popular donde se incluía el modelo urbanístico de la ciudad y del “emblemático barrio tendría que ser una mínima referencia que los vecinos han votado el proyecto que el Gobierno socialista de España rechaza y por tanto, boicotea”.

No obstante, Blasco ha lamentado que la titular de Cultura no busque “otro entretenimiento mejor que estar continuamente impidiendo el progreso de un barrio como el del Cabanyal” y, sin embargo, “se permite desatender competencias que le son más propias como es el control de la SGAE”.

El Síndic popular ha insistido que “la voluntad democrática de los ciudadanos y la legalidad están por encima de los caprichos de un Gobierno que actúa dictando sentencias políticas en función del color político de cada autonomía aunque eso signifique cargarse su autogobierno y sus señas de identidad”.

Blasco ha continuado diciendo que el Cabanyal “se ha convertido en el símbolo del autogobierno valenciano y desde Consell, Ayuntamiento de Valencia y PP vamos a trabajar para que se respete y no se olvide”.

El portavoz popular ha denunciado la estrategia “continuada” del Gobierno socialista de “erigirse en juez y parte de los procesos judiciales, confundiendo así a la opinión pública” y ha exigido, por tanto, a los miembros del Gobierno “prudencia” a la hora de interpretar los dictados de la justicia “por mucho que se quiera sacar rédito político y partidista”, ha concluido.

 

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