El PP lamenta que el Consell Valencià de Cultura se ponga de perfil ante los derribos de Agrícolas y eluda pronunciarse con contundencia sobre su valor patrimonial

El Concejal del Grupo Municipal Popular Juan Giner Corell lamenta que el Consell Valencià de Cultura opte, al igual que la Dirección General de Cultura, por emitir varios informes, que pudieran resultar contradictorios entre sí, en lugar de resolver simultáneamente sobre las dos solicitudes registradas por el Partido Popular. Los populares ampliaron a principios de mes su primer escrito sobre los derribos de la antigua EUITA tras tener acceso a nueva documentación y después de conocer, a través de los medios de comunicación, el borrador del Plan Especial de Protección de Blasco Ibáñez. “Carece de toda lógica que, tratándose de la misma materia, el Consell Valencià de Cultura no haya resuelto conjuntamente sobre ambos escritos, y respecto a todos y cada uno de los argumentos en ellos contenidos, para evitar pronunciamientos potencialmente contradictorios entre sí en un corto espacio de tiempo. Fue el caso de la Dirección General de Cultura, que llegó a emitir hasta tres informes distintos en apenas cinco días hábiles”.

Como indica Giner Corell, el Consell Valencià de Cultura reconoce implícitamente los valores originales del conjunto formado por las antiguas Escuelas de Ingenieros Agrónomos y Peritos Agrícolas, llegando a afirmar en su informe que estos edificios “pudieron cumplir con holgura los requisitos antes expuestos y alcanzar la protección patrimonial”, para a renglón seguido justificar, sin embargo, su demolición a la vista de las alteraciones sufridas desde los años 80 en el conjunto y de las mayores o menores cautelas adoptadas en el pasado. Para el edil popular, tales consideraciones no sólo no son de recibo, sino que directamente orillan la cuestión central objeto de consulta, que no era otra que determinar los valores propios de las naves de la EUITA y la conformidad o no de los derribos con nuestra legislación en materia de patrimonio, no pudiendo servir, en modo alguno, de argumento para menoscabar los valores del conjunto y para legitimar las referidas actuaciones. “El pasado no puede acudir al auxilio del presente, menos aún en descargo de la precipitación, ausencia de garantías y de la nula sensibilidad patrimonial con la que han actuado tanto el Ayuntamiento como la Dirección General de Cultura”.

Giner Corell destaca la existencia de un Voto Particular contrario al informe, al que se han adherido seis de los consejeros de la institución y en el que se señalan las, cuanto menos, “llamativas incidencias administrativas” en la tramitación de los derribos y “los indicios que, desde el propio PGOU (1988) aconsejaban la protección cautelar del conjunto arquitectónico”. Los populares recuerdan que la ficha del catálogo sobre la Escuela de Agrónomos, en la que se incluye la EUITA dentro de su entorno de protección, tiene carácter de protección cautelar hasta su aprobación definitiva y que en ella hay suficientes indicadores de las razonables intenciones de establecer la protección patrimonial de estas piezas de Agrícolas que, como mínimo, hacían aconsejable la adopción de medidas cautelares por parte de nuestras Administraciones Públicas. La paralización de la tramitación de las fichas del catálogo relativas a los edificios universitarios del Campus de Blasco Ibáñez, a solicitud de la Universidad de Valencia, hasta el desarrollo del Plan Especial de Protección de Blasco Ibáñez, en modo alguno anulaba o revocaba sus contenidos.

Los populares insisten en que los pabellones derribados formaban parte indisoluble de la antigua Escuela de Peritos Agrícolas y, como parte inseparable de un mismo conjunto arquitectónico, no susceptible de partición sin riesgo a su integridad, son acreedores de protección patrimonial, de acuerdo con el artículo 3.70.3 de las Normas Urbanísticas del PGOU y, sobre todo, con la jurisprudencia sobre Tabacalera. Ante una cuestión de fondo muy similar a la que aquí nos ocupa, el Tribunal Superior de Justicia y, más tarde, el Tribunal Supremo, extendió la protección patrimonial a todo el complejo arquitectónico, al entender que la antigua fábrica de tabacos “formaba un conjunto integrado no sólo por el edificio principal, sino también por el conjunto de naves que lo perimetran”, concluyendo que “las partes demolidas y desaparecidas constituían elementos característicos y formaban parte de un conjunto que merecía protección integral”. Éste era precisamente uno de los puntos del primer escrito registrado por el Grupo Municipal Popular el pasado 18 de diciembre y que el CVC omite “casualmente” en su informe.

Por último, los populares señalan las contradicciones internas en las que incurre el Consell Valencià de Cultura al avalar la demolición de las naves traseras de la antigua EUITA, semejantes, cuando no idénticas en su composición y materialidad a otras que se proponen como Bienes de Relevancia Local, a saber, las naves de Psicología recayentes a Blasco Ibáñez, precisamente las más modificadas. Como afirmó el Tribunal Superior de Justicia, en su sentencia sobre Tabacalera, “no parece razonable como siendo todos los elementos de idéntica factura, unos sean merecedores de protección y otros simplemente se descatalogan y demuelen”. Si para anteriores intervenciones en la antigua Escuela de Ingenieros Agrónomos y Peritos Agrícolas pudieron existir dudas sobre su concreto ámbito de protección, éste no parece ser el caso de los actuales derribos, realizados una década después de que el Tribunal Supremo dictara su sentencia sobre Tabacalera, poniendo negro sobre blanco todas estas cuestiones. Tal y como se hiciera en el año 1986 en las naves de Psicología que dan a Blasco Ibáñez, perfectamente podía haberse sobreelevado los pabellones traseros de la EUITA, sin derribar la planta baja, compatibilizando de esta manera la protección de los mismos con su nuevo uso sanitario-asistencial.