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La Junta de Gobierno Local aprueba la adjudicación de 6 nuevas viviendas para las familias en situación de exclusión social

    La Junta de Gobierno Local reunida esta mañana ha aprobado la adjudicación de seis nuevas viviendas del Plan de Reubicación de las unidades familiares procedentes del Censo de Vivienda Precaria y Colectivos Emergentes. Se trata de una iniciativa gestionada por la Concejalía de Bienestar Social e Integración, que dirige la Concejala Marta Torrado, y con la que existirán 405 personas -89 familias- que habitarán una vivienda municipal, en régimen de alquiler, a un precio asequible para su situación.

    En este sentido, con este proyecto se pretende gestionar un parque de viviendas de propiedad municipal cuya adjudicación, se efectúa a núcleos familiares en situación de exclusión social, es decir, desempleados de larga duración, personas mayores con escasos recursos para adecuar las viviendas, inmigrantes, etc.

    El Ayuntamiento de Valencia lleva a cabo el llamado Programa Marco de Inserción Social y Laboral, que tiene el objetivo de facilitar una vivienda digna a aquellas familias que por su situación de pobreza no pueden acceder a una residencia normalizada en el mercado ordinario. Así como propiciar su inserción sociolaboral con la intervención previa y conjunta del Centro Municipal de Servicios Sociales.

    Las personas beneficiarias de las viviendas municipales son familias del Censo de Vivienda Precaria, y familias pertenecientes a colectivos emergentes en situación de exclusión social, que llevan más de un año censados y/o empadronados en la ciudad de Valencia.

    Con la firma del contrato administrativo de arrendamiento, por parte de cada familia, se firma también un acuerdo y aceptación de medidas de inserción social para que permanezcan los objetivos de inserción social y laboral conseguidos, así como avanzar en la consecución total de la autonomía de la familia.

    La vivienda municipal tiene un carácter temporal, dependiendo del grado de cumplimiento de las medidas de inserción social acordadas con las familias, y su mejora económica y laboral que le pueda permitir acceder al mercado inmobiliario normalizado. Se han dado ya casos en los que las familias han salido de una vivienda municipal a una propia por compra.

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