Grau afirma que el Ayuntamiento está al corriente en el pago a proveedores a 60 días

El alcalde en funciones, Alfonso Grau, ha recordado esta mañana en rueda de prensa que al ayuntamiento de Valencia le costó en su día 41 millones de euros tener que hacer frente a las consecuencias jurídicas de lo que él ha calificado como “expolio de edificabilidad a los colegios privados contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1988”. Estas afirmaciones las ha hecho al hilo de una información facilitada por el concejal del grupo municipal socialista, Vicente Sarriá, en la que se refería a que el ayuntamiento deberá pagar 10.000 euros en costas al desestimarle el Tribunal Supremo un recurso contra valoraciones del suelo.

“Expoliaron la edificabilidad, los propietarios recurrieron, ganaron, y tuvimos que pagar 41 millones de euros”, ha reiterado Alfonso Grau, quien ha acusado también a los gobiernos socialistas de la ciudad de “dejar una enorme cantidad de suelo escolar cuyas necesidades había que revaluar y sin que tampoco previeran la forma de obtenerlo”. El alcalde en funciones ha llegado a hablar de “desbarajuste del PGOU grafiando suelo dotacional sin contemplar cómo conseguirlo”.

FOMENTO DEL EMPLEO
En su comparecencia ante los medios de comunicación, el alcalde en funciones ha respondido igualmente a las acusaciones y las críticas vertidas por el concejal socialista Pedro M. Sánchez en relación a las subvenciones de la Generalitat al Ayuntamiento para el fomento del empleo.

Grau ha puntualizado que la cantidad que el ayuntamiento destina a fomento del empleo en la ciudad se eleva a 2’5 millones de euros anuales. Más tarde ha contado que hoy mismo ha firmado una moción impulsora de la contratación de 150 personas desempleadas por un periodo de 3 meses dentro de los Planes Municipales de Empleo, y ha insistido en que “ninguna persona sin trabajo se ha visto perjudicada por los retrasos de la Generalitat en el pago al Ayuntamiento de las subvenciones para empleo, sencillamente porque el Ayuntamiento ha adelantado las cantidades necesarias”.

“Es cierto que hay una demora en la tramitación de estas subvenciones, pero tampoco es menos cierto que la Generalitat, durante más de 10 años, ha estado reclamando un cambio de modelo de financiación al Gobierno Central, un sistema de financiación asimétrica, que se ha conseguido ahora y no durante tantos años que ha gobernado el PSOE”.

Alfonso Grau se ha mostrado convencido de que en la medida que la situación lo permita el Ayuntamiento irá recibiendo de la Generalitat unas subvenciones que tiene reconocidas.

DIPUTACIÓN
También ha salido al paso de otra información en la que Pedro M. Sánchez afirma que la Diputación Provincial debe más de 300.000 euros al ayuntamiento de Valencia de los años 2010 a 2012 y exige el pago por parte de esta institución. El alcalde en funciones ha negado que exista tal deuda y, tras recalcar que “la Diputación no debe ni un duro al Ayuntamiento”, ha explicado que es éste último quien se encarga de recaudar el Impuesto de Actividades Económicas, donde hay una parte que corresponde a la Diputación y que se utiliza para compensar el dinero que ésta debe aportar para el denominado Plan de Núcleos.

Alfonso Grau ha calificado como “gravísimo” el error del concejal socialista y se ha mostrado sorprendido de que “después de más de 2 años en el ayuntamiento no se tome la molestia de contrastar las cifras de un ayuntamiento en el que la oposición tiene acceso a cualquiera de los expedientes cerrados y puede conocer la existencia de ese sistema de compensación entre administraciones”.

INTERESES DE DEMORA
Otro de los asuntos sobre los que ha hablado el alcalde en funciones tiene que ver con las críticas por parte de la concejala de Esquerra Unida, Rosa Albert, respecto al gasto del ayuntamiento para hacer frente al pago de los intereses generados por sentencias judiciales relacionadas con el pago de expropiaciones.

“Poseer una parcela dotacional se ha convertido en una fuente de liquidez, ya que el propietario tiene derecho a exigir al ayuntamiento la expropiación a partir del séptimo año transcurrido desde que fue declarada como tal”, ha explicado Alfonso Grau, para puntualizar a continuación que cada vez es más frecuente que los propietarios de estas parcelas, “para hacer caja”, pidan al ayuntamiento que les expropie, “y como no hay acuerdo sobre el precio el asunto acabe en los tribunales”.

Finalmente son las instancias judiciales las que fijan el importe de esa expropiación “en unas condiciones bastante mejores para el ayuntamiento que las que solicitaban inicialmente los propietarios”, aunque normalmente superiores a la cantidad inicialmente ofrecida. “Somos el comprador cautivo y no tenemos más remedio que cumplir lo que manda la ley”, ha dicho Alfonso Grau, quien ha reconocido que en los últimos años “se ha disparado este tipo de peticiones de expropiación y ha pasado a ser un capítulo importante del presupuesto municipal, cuando antes no lo era”.

“Si el ayuntamiento ofrecía 4 y el propietario pedía 10, pongamos por caso, cuando los tribunales fijan el importe de esa expropiación en 6 están siendo bastante más positivos para los intereses municipales que para los del dueño de la parcela”, ha explicado Alfonso Grau. Más tarde ha puntualizado que, “lamentablemente no podemos prever cuando se va a dictar sentencia ni cual va a ser la cantidad fijada”, por lo cual se producen estos intereses de demora criticados desde Esquerra Unida.

Por otra parte, Alfonso Grau se ha referido a que el ayuntamiento prioriza el pago a los proveedores y que, incluso dentro de éstos, a los pequeños y medianos frente a las grandes empresas “que tienen unas cifras de facturación mucho mayores”. Luego ha asegurado que el ayuntamiento “está al corriente en el pago a 60 días, con una política caracterizada por la prudencia y por no presupuestar a tontas ni a locas”.

DERRIBO POR RUINA
En la parte final de la comparecencia del alcalde en funciones, Alfonso Grau ha informado del derribo de una pequeña construcción ubicada en la confluencia de Blasco Ibáñez con Serrería que el ayuntamiento tenía intención de adquirir para “rectificar la última ‘joroba’ que queda en Blasco Ibáñez”. Ha recordado que se llegó a un acuerdo sobre otra propiedad situada junto a la que hoy ha sido demolida, cuyo propietario, sin embargo, “no quiso negociar”.

Aunque hay una paralización de licencias de derribo en este ámbito urbano, ha señalado que en el caso del de hoy existía “una declaración de ruina inminente con peligro para el público, ya que además se encuentra al borde de la calzada”. Grau ha señalado que, facultado por esa declaración de ruina, “el propietario ha decidido derribarla para eludir cualquier clase de responsabilidad”.

Ha insistido en que el objetivo del ayuntamiento continúa siendo negociar y llegar a un acuerdo que permita la rectificación urbanística de la línea de Blasco Ibáñez, la supresión de la ‘joroba’ que existe en ese lugar.