La Generalitat adjudica tres viviendas sociales en Santa Pola, El Puig y València
La Conselleria de Vivienda ha adjudicado tres viviendas sociales en los municipios de Santa Pola, El Puig y València y que han supuesto una inversión global de más de 45.000 euros. La vivienda social en València ha sido entregada a una víctima de violencia de género y, en Santa Pola, a una familia afectada por una ejecución hipotecaria, en cuando a la vivienda de El Puig ha sido cedida en alquiler a una familia que se encontraba en una situación de vulnerabilidad social.
En menos de dos años, el actual Consell ha cedido en alquiler social 64 viviendas del parque público de la Generalitat a personas que han perdido su casa debido a una ejecución hipotecaria y otras 48 a mujeres que han sido víctimas de violencia de género.
La Conselleria de Vivienda que dirige María José Salvador está haciendo un gran esfuerzo por poner a disposición de las familias más vulnerables el mayor número de viviendas sociales, dentro de la política de aplicación del Plan de Dignificación de la Vivienda Social. Por ello, desde la conselleria se trabaja en la rehabilitación de otros inmuebles para poder ofrecerlos a familias en riesgo de exclusión, dándoles la oportunidad de acceder a una vivienda digna a través de un alquiler social, asequible y ajustado a sus circunstancias concretas.
Reuniones con familias de la Vall d´Uixó
Por otro lado, la Conselleria de Vivienda ha iniciado en la provincia de Castellón el programa de regularización de ocupantes de viviendas públicas sin título y ha mantenido hoy las primeras reuniones en La Vall d´Uixó. Se trata de cuatro familias que tienen resuelto el contrato de compraventa por impagos y otras dos que residen en viviendas públicas ocupadas sin título antes de julio de 2015.
En estas reuniones individualizadas, los técnicos de EIGE y de los servicios sociales municipales explican a las familias los requisitos que deben reunir para acceder a la regularización y la documentación a presentar para comprobar si cumplen los requisitos estipulados en la Resolución de la Dirección General de Vivienda de fecha 4 de abril y publicada en el DOGV el 6 de abril. En estos encuentros se analiza la situación socioeconómica de cada unidad familiar para valorar si cumplen los criterios de regularización.
Para ser adjudicatario de una vivienda pública, deberán cumplir unas condiciones como acreditar la situación de vulnerabilidad social (familias numerosas, monoparentales con dos o más hijos, en desempleo, con algún miembro con discapacidad o víctima de violencia de género…) y demostrar que ocupan la vivienda pública antes de julio de 2015.
Además, deberán asumir el pago del alquiler que le corresponda, teniendo en cuenta la situación económica de la familia, así como los gastos de comunidad. Permitir el acceso a los técnicos de EIGE para comprobar que la vivienda en la que residen cumple las condiciones de habitabilidad es otro de los criterios que deberán cumplir.
De forma complementaria, las familias que son susceptibles a regularizar su situación, deberán cumplir unos criterios subjetivos como demostrar que se han integrado en la comunidad vecinal y, por tanto, no deberán constar reclamaciones ni quejas sobre convivencia sobre ningún miembro de la familia. Para ello, EIGE podrá recabar un informe social al Ayuntamiento que certifique dicha situación.
Asimismo, el 28 de julio de 2016 la conselleria aprobó otra resolución para regularizar la situación de familias que, por problemas económicos, tienen el contrato de compraventa resuelto por falta de pago, pero continúan ocupándola ya que no se ha procedido a su desalojo y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
