El equipo de gobierno reclama una nueva Ley de Financiación Local y un Estatuto de Capitalidad para Valencia
El concejal de Hacienda Ramón Vilar ha considerado que son “muy pocas” las reclamaciones y alegaciones presentadas a la modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2015, cuya aplicación supone 420 millones de euros en el capítulo de ingresos municipales. En estos momentos se está todavía estudiando estas alegaciones, algunas de las cuales serán total o parcialmente estimadas, y las Ordenanzas Municipales serán presumiblemente aprobadas, al igual que el Presupuesto Municipal, en el Pleno del próximo día 23.
Entre estas alegaciones hay una presentada por el sindicato UGT en nombre de todas las organizaciones sindicales, en la que piden quedar eximidos del pago de la tasa por ocupación de la vía pública, por ejemplo en la tradicional manifestación del 1 de Mayo, al igual que ocurre con las fallas olas asociaciones de vecinos. “También se han presentado alegaciones por parte de distintas entidades musicales de la ciudad, fundamentadas en su pertenencia a la Federación de Bandas ”Es altamente probable que sea considerada, en la medida que solicitan una bonificación por ser miembros de la Federación de Asociaciones Musicales, que les da derecho a ser consideradas de interés cultural”
En cuanto a la alegación presentada por el Colegio Oficial de Ingenieros industriales, Ramón Vilar ha dicho que “más que una alegación es una aportación, una sugerencia para la mejora del tratamiento de los incentivos al ahorro energético y a la sostenibilidad. No alega sino que enriquece la Ordenanza”.
Las tres alegaciones de familias numerosas, dos de ellas presentadas por la asociación Mas de Dos y la otra por FANUCOVA, “en parte se pueden estimar. Solamente piden que se suba el valor catastral de las viviendas para incrementar la bonificación”, ha manifestado Vilar .”Para que nosotros podamos aplicar la bonificación o la reducción de cuota, la familia numerosa tiene que estar inscrita en un registro ad hoc de la Generalitat, que ha abierto ahora un nuevo criterio para ser considerada familia numerosa y no va a depender sólo del número de hijos y se va a tener en cuenta el ser familia monoparental. Pero es solo para las nuevas, no para las que ya tenían reconocida esa consideración”
Se ha referido a otros dos casos en los que “no es previsible su admisión”, aunque ha recordado que la decisión no está definitivamente cerrada”. Son la de la Asociación de Comerciantes del Centro histórico, que coincide con la de la Unión Hotelera de la Provincia de valencia. ”Desde el punto de vista técnico, fiscal y jurídico, los recargos que se han establecido selectivamente a determinados valores catastrales son impecables, y disponemos de la suficiente jurisprudencia para mantener la ordenanza, y previsiblemente no serán admitidas, aunque entiendo que la obligación de las entidades patronales es recurrir cualquier subida que tengan”.
Por lo que respecta a las cuatro alegaciones que presenta el Grupo Popular, ha señalado que están fundamentadas en argumentos y cuestiones de índole política que ya hemos debatido en el Pleno y que volveremos a debatirlas”.
“La aportación del Estado nos parece insuficiente”
Tras recordar que los ingresos obtenidos por la aplicación de las Ordenanzas Municipales suponen 420 millones de euros, ha criticado que el resto, la aportación del Estado, “nos parece insuficiente”. Se ha referido al consenso generalizado entre las fuerzas políticas, sociales y económicas de la Comunidad Valenciana de que la Generalitat está infrafinanciada. “Compartimos plenamente este planteamiento, pero también el de que hay una infrafinanciación de la administración local en general. Creemos que es necesaria una nueva Ley de Haciendas Locales que debe de tener en cuenta cambios sustanciales. El primero es dotar de mayor autonomía fiscal a los ayuntamientos haciendo más flexibles las leyes que regulan los impuestos para que sean capaces de manejar mejor las variables presupuestarias”.
En opinión del concejal de Hacienda “es absolutamente necesario que se produzca en la próxima legislatura, porque no estamos dispuestos a aceptar la nueva Ley de Régimen Local que impide la prestación de servicios de proximidad por parte de los Ayuntamientos. La rechazamos de plano y vamos a seguir prestando esos servicios de proximidad”. Ha añadido que esa Ley hay que derogarla, y que es necesario reforzar la autonomía local, “y para poder hacer frente a gastos que son socialmente necesarios y justos necesitamos esa nueva Ley de financiación”
Ha reclamado igualmente la necesidad de que se dote a la ciudad de un estatuto similar al que tienen Madrid y Barcelona (Carta Municipal) , “con el que cuentan con mayores posibilidades s de recibir aportaciones por parte del Estado incluso en el marco de la ley actual. Nosotros entendemos que Valencia ha de tener un estatuto de Capitalidad de la Comunidad Valenciana, un régimen específico que reconozca que somos la siguiente ciudad en número de habitantes a las dos que ya disfrutan de esa consideración especial”
Ha dicho que ese reconocimiento también es una “tarea urgente que se tiene que realizar durante la próxima legislatura”, y que existen hay una serie de aportaciones del Estado a Valencia que “son inaplazables”, por ejemplo las relacionadas con el Parque central y las “actuaciones ferroviarias que terminen de colocar de verdad a Valencia en el mapa del transporte moderno y eficaz”. También se ha referido a la Línea 2 del Metro, para señalar que aunque no corresponde en principio al estado, “debe ejecutarse a cargo del Estado puesto que a la Generalitat le es imposible mientras mantenga el nivel de financiación tan bajo que tiene en estos momentos”. Se ha referido, en concreto, a la parte del trazado que va desde la calle Alicante a Nazaret, “donde ya hay una enorme inversión ejecutada que se puede echar a perder si no se finaliza”
En el ámbito del transporte ha afirmado que “es imposible que la EMT tenga que ser financiada con sus recursos propios más la aportación municipal. ”Tiene 120 millones de presupuesto, de los cuales la mitad son aportación municipal. Entendemos que debe haber un Contrato Programa por el que el Estado se haga cargo, por lo menos, de unos cuarenta de esos sesenta millones que ahora mismo aportamos desde el Ayuntamiento”
