El edil Félix Crespo de Valencia defiende la nueva ordenanza para regular el uso de la vía pública

El concejal de Coordinación Jurídica del Ayuntamiento de Valencia, Félix Crespo ha respondido hoy a las “interpretaciones” que desde la oposición, PSPV, EU y Compromis, se han hecho a la ordenanza sobre la ocupación del dominio público municipal que aprobará el viernes la Junta de Gobierno Local en su reunión semanal.

Según Crespo “partimos de la base que se han lanzado unas afirmaciones absolutamente interesadas, con un clarísimo fin político de desprestigiar al equipo de gobierno, en un artículo, en el que sencillamente lo que se ha buscado es constatar la ordenación que del dominio público puede hacer el ayuntamiento”.

En el contenido de este artículo no aparece ninguna referencia al derecho de reunión o manifestación, “sencilla y categóricamente porque no es una competencia municipal”, ha afirmado el concejal.

“Los derechos y libertades fundamentales corresponden a instituciones que tienen atribuidas dichas competencias para su administración y que en este caso corresponde al Estado, a través de las Delegaciones de Gobierno”, ha añadido.

Por tanto, lo que se pretende con esta ordenanza “es sencillamente destacar la singularidad de la Plaza del Ayto y de la Plaza de la Virgen en aquello que es competencia municipal para que sea administrado con un carácter en el que prime el interés general”.

Por este motivo, según ha manifestado el concejal popular “y por si alguien le cabe alguna duda, quiero dejar muy claro que la jerarquía normativa es algo ha de aplicarse dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Una ordenanza municipal nunca puede pretender, ni autorizar, ni prohibir una manifestación o reunión sencillamente porque no tiene ninguna competencia en esta materia. Y si los grupos de la oposición se hubiesen leído la exposición de motivos quizá se hubiesen dado cuenta que dice: “que al amparo de las competencias que confiere la Constitución en las normas de desarrollo en el ámbito local se plantea el desarrollo de esta ordenanza”. “Categóricamente este artículo no da ninguna cobertura ni a favor ni en contra de los derechos de reunión y manifestación en ninguno de estos dos emplazamientos ni en otros de la ciudad sencillamente porque no es una competencia municipal”, ha reiterado.

Al respecto de los ejemplos que se han citado en distintos medios de comunicación de si lo que se pretendía era afectar las manifestaciones de los días 3 de cada mes de la Asociación de Víctimas del Metro, Crespo ha afirmado que “hasta ahora se ha venido desarrollando con toda normalidad y así seguirá siendo sencillamente porque la Delegación de Gobierno, el único trámite que ha de cumplir es la comunicación al Ayuntamiento de dicha concentración. Me consta que en el 99% de los casos suele respetarse el itinerario y emplazamientos que se han pedido, salvo que una justificadísima causa de fuerza mayor haya aconsejado variar el emplazamiento de celebración comunicado por los organizadores. En estos casos es la propia Delegación de Gobierno la que propone a los convocantes un cambio de emplazamiento o de itinerario”.

Crespo ha defendido la redacción de esta ordenanza porque hasta ahora no existía ninguna ordenanza que recogiese la utilización de estos lugares y la práctica de más de 20 años ha hecho que se haya realizado un uso restrictivo por lo emblemático de estos dos emplazamientos y la gran afluencia turística que tienen.

Lo que se pretende es “dejar constatado por escrito que ese uso restringido lo que va a evitar es que se pueda pedir para actividades de carácter comercial. No estamos haciendo nada que no estén haciendo ya otras ciudades, como por ejemplo, Zaragoza con la Plaza del Pilar que se restringe su uso con carácter absoluto a actos institucionales del propio Ayuntamiento porque se prima el carácter turístico que tiene. Simplemente con esta ordenanza se plasma por escrito lo que se ha venido haciendo durante 20 años y quien haya querido ver aquí otra cosa no es más que una interpretación torticera, lejana y distorsionada de la realidad de la letra de un precepto que solamente se puede aplicar en el ámbito de las competencias de un Ayuntamiento