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Desmantelada una organización presuntamente dedicada a la “estafa del Gas”

Desmantelada una organización presuntamente dedicada a la “estafa del Gas”
  • Las víctimas eran personas que superan los 65 años

  • En una ocasión llegaron a cobrar 1.000 euros a una persona de 87 años por una inspección

Agentes de la Policía Nacional han detenido el miércoles en Valencia a seis personas, una mujer y cinco hombres por los presuntos delitos de estafa y asociación ilícita en la modalidad del timo del gas, ya que realizaban falsas revisiones de las instalaciones de gas en los domicilios de personas de edad avanzada, amparándose para poder ocultar su actividad ilícita, en la existencia de una sociedad mercantil legalmente constituida.

Las víctimas que, en 12 de los casos superaban los 70 años y el resto eran mayores de 65, finalmente accedían a la revisión por la que pagaban una media de 150 euros, aunque en uno de ellos, un hombre de 87 años llegó a pagar 1.000 euros.

Han realizado cinco registros, uno en la empresa que utilizaban para dar apariencia legal de su actividad, y cuatro en domicilios de varias localidades de Valencia y han bloqueado las cuentas bancarias de los detenidos, procediéndose a la intervención de más de 400.000 euros .

En los registros se han intervenido un taco con impresos normalizados autocopiativos con membrete de la empresa, todos ellos sellados y firmados en blanco; diversos efectos informáticos, entre los que figura un disco duro; cinco pendrives y monos de trabajo parecidos a los de las empresas oficiales que se dedican a la revisión de las instalaciones de gas.

Las investigaciones se iniciaron a mediados del año 2.009 al advertir una serie de estafas en la modalidad del timo del gas que estaban cometiéndose, por lo que los investigadores tras un análisis de las denuncias existentes en este tipo delictivo y las características físicas de los presuntos autores fuesen semejantes, es lo que dio lugar a la actuación policial con la detención de seis personas.

Modus operandi
Dos de los detenidos habían constituido una empresa legalmente, autorizada para colocar y revisar instalaciones de gas, y con esta cobertura legal acudían a los domicilios particulares de personas de edad avanzada.

Uno de ellos distribuía el trabajo de campo, haciendo grupos de dos o tres operarios. Previamente el día anterior, habían seleccionado la zona de trabajo para hacer las revisiones, dirigiéndose a las diferentes localidades de la Comunidad Valenciana para realizarlas.

Cada operario iba por una zona o barrio llamando a las puertas presentándose como servicio oficial y utilizando uniformes similares a los empleados por lo operarios oficiales de las empresas suministradoras de gas, para ganarse la confianza de la víctima. Seguidamente, hacían creer a la víctima que obligatoriamente debían de hacer la revisión de gas.

En otras ocasiones, el operario utilizando un teléfono móvil, en modo de altavoz, llamaba al 012 donde preguntaba si su empresa estaba autorizada como instaladora de gas, contestando que si la operadora, para a continuación preguntarle de nuevo si su empresa podía hacer revisiones, contestando la operada otra vez afirmativamente, y así de esta manera que lo pudiera escuchar la víctima y ganarse su confianza de que todo era correcto.

En alguna ocasión, llegaron a utilizar la amenaza y la coacción para poder realizarlas, indicando que si no lo hacían les cortarían el suministro o algo similar. Se da la circunstancia que alguna vez llegaron a devolver el dinero, ante las exigencias de los familiares de las víctimas de que la revisión era improcedente, o bien en otras, ante la amenaza con denunciarlos ante la oficina del consumidor, y así evitar la denuncia.

Las recomendaciones para los usuarios de gas, es que antes de hacer cualquier inspección, contacten con el teléfono que disponen en su contrato realizado con su suministradora de gas para comprobar la legalidad de la empresa que desea realizarle la inspección, así como la obligatoriedad de la misma.

En las investigaciones han participado agentes de la Comisaría de Burjasot y del grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Valencia.

Se continúan con las investigaciones para averiguar si pudieran haber más realizado más hechos.

Los detenidos, dos de ellos con antecedentes policiales, pasaron a disposición judicial.

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