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Desarticulado un grupo organizado dedicado estafar a ciudadanos rumanos vendiéndoles contratos del trabajo falsos para luego explotarlos laboralmente

  • En el momento de la detención fueron liberadas 14 personas

  • Les prometieron una oferta de trabajo así como una vivienda, pero al llegar fueron alojados en condiciones de hacinamiento, pagando entre 100 y 200 euros por compartir habitación

  • Su salario era ingresado en la cuenta de un miembro de la organización, y el trabajador sólo cobraba un 10% del mismo

Agentes de la Policía Nacional de Valencia han detenido el martes a un hombre de 31 años, de origen rumano, como presunto cabecilla de una organización dedicada a la explotación laboral de compatriotas suyos, a los que prometían trabajo en España, un sueldo digno y una vivienda donde residir y a los que posteriormente facilitaban contratos de trabajos falsificados, previo pago de altas cantidades de dinero. Una vez aquí, eran hacinados en pisos con grandes carencias, en condiciones deplorables y de insalubridad.

Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los policías de que se estaría realizando una serie de contratos de trabajo falsificados desde una empresa en Valencia en la que podría haber un grupo que presuntamente se dedicaría a la falsificación, estafa y explotación laboral de ciudadanos rumanos.

Durante las investigaciones, los policías averiguaron que se trataba de una organización que desde Rumania, mediante una falsa empresa de contratación laboral, se encargaría de captar a ciudadanos dispuestos a viajar a España para trabajar, para lo cual pagaban cantidades previamente pactadas. Para tal fin, contaban en España con un ciudadano rumano que se encargaría de recogerlos y venderles un contrato de trabajo, previo pago de cantidades que oscilaría entre 700 y 1.000 euros.

Antes del inicio del viaje, la organización se encargaba de la gestión de los diferentes trámites, como obtención de billete de autobús en compañías las cuales también cobrarían cantidades desorbitadas.

Una vez en España, los hombres y mujeres eran trasladados a los domicilios donde eran hacinados y donde les explicaban que deberían pagar entre 100 y 200 euros por compartir una habitación con otras tres personas. En un mismo domicilio podrían reunir hasta 2.000 euros mensualmente en concepto de alquiler.

En algunos casos las víctimas no llegaban a realizar actividad laboral alguna, y aquellos que las realizaban, los pagos se hacían directamente en las cuentas abiertas por el ciudadano de la organización, que posteriormente realizaba una transferencia por una cantidad bastante inferior a lo que realmente deberían cobrar, siendo usualmente un 10% del sueldo que les correspondería, quedando el resto para la organización. Los pocos días que trabajaban, eran trasladados por esta misma persona, que les cobraba cantidades abusivas por el traslado.

Como consecuencia de las investigaciones, los policías detuvieron al presunto responsable de la organización por los presuntos delitos contra el derecho de los trabajadores, estafa y falsificación, y liberaron a catorce personas que se encontraban en un grave estado de necesidad.

El detenido, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.

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