Dependientes y trabajadores presentan un escrito al president de la Generalitat tras concentrarse en la Plaza de la Virgen

La Plaza de la Virgen de los Desamparados ha acogido hoy la habitual concentración de usuarios y trabajadores de los servicios de atención a la dependencia de COCEMFE Valencia en señal de protesta por la situación derivada en la entidad por los impagos del Consell, que han provocado la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará al total de la plantilla con una reducción del 50% de la jornada laboral, lo que implica, a su vez, una reducción del tiempo de asistencia al colectivo de personas con discapacidad.

De este modo, alrededor de 30 personas se han dado cita en este lugar para marchar en procesión cívica hacia las sedes de Presidencia y la Conselleria de Hacienda, donde han presentado sendos escritos en los que solicitan al president de la Generalitat, Alberto Fabra, y al conseller José Manuel Vela que atiendan el pago de las cantidades adeudadas para dar continuidad al programa que los atiende.

Asimismo, los usuarios han expresado la “angustia” con la que están viviendo esta situación: “Reducir las horas de apoyo es imposible. ¿Cómo vamos a levantarnos y no acostarnos? ¿Cómo vamos a comer con la mita de tiempo si muchos de nosotros tenemos problemas de deglución y afrontamos el peligro de muerte por atragantamiento? ¿Cómo vamos a desplazarnos sin acompañamiento quienes tenemos serias dificultades de comunicación? ¿Cómo vamos a acudir a consultas médicas o a recoger material sanitario?”. A lo que han añadido una petición para asegurar la continuidad del programa de atención a la dependencia de COCEMFE Valencia: “Le rogamos que acorte la agonía y los temores que pesan sobre nuestra vida”.

Estos recrotes derivados de los impagos suponen una disminución de horas de atención a los 48 usuarios, que presentan severas necesidades de asistencia para desempeñar las actividades básicas de la vida diaria como levantarse, vestirse, aseo personal, acompañamientos médicos o de rehabilitación. Además, se trata de personas con grandes necesidades de atención, escasos recursos y en situación de riesgo de exclusión social, por lo que se deteriorará su calidad de vida y se reducirán sus posibilidades de desarrollar una vida digna. En las propias palabras de los usuarios, consideran la aprobación del ERE y esta reducción de atención su “sentencia de muerte”.