Denuncian la electrocución de un águila protegida en la Albufera de València

La Fiscalía Provincial de Valencia ha admitido a trámite la denuncia contra las compañías eléctricas como principales responsables de la extinción de la especie y ha abierto diligencias de investigación penal contra Iberdrola.

El águila pescadora es una especie incluida en los catálogos valenciano y español de especies amenazadas en la categoría «Vulnerable» y en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) está declarada para España como «En Peligro Crítico de Extinción» y está extinguida como especie reproductora en la Comunitat Valenciana desde los años 80, siendo objeto de un programa de reintroducción del que formaba parte «Marina», un ejemplar liberado en junio de 2019 junto a otras tres en la Marjal de Pego-Oliva.

Cada invierno solo visitan la comunidad una media de 9'6 águilas pescadoras procedentes de Europa del norte y en los últimos 21 años se han descubierto 9 ejemplares electrocutados, que, según las estimaciones, representan el 15% de las electrocuciones reales, o sea, que se habrían electrocutado unas 60 en este periodo, una media de 3 águilas pescadoras por año.

Esta mortalidad del 31% anual explicaría, según CGT, la extinción de esta especie como reproductora en el territorio, que se ha convertido en una trampa mortal para la especie y señala a las compañías eléctricas como principales responsables. Además, la electrocución ha sucedido en l’Albufera de València, espacio natural con las figuras de protección de mayor rango de la Comunitat: Parque Natural, humedal Ramsar de importancia internacional, Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y zona de protección para la avifauna contra la electrocución. Sin embargo, en su ámbito muchos de sus postes eléctricos todavía no disponen de las medidas anti-electrocución obligatorias.

La línea eléctrica, supuesta causante de la muerte, fue declarada de alta peligrosidad para las aves por la Generalitat en 2017, comunicándole a su titular la obligación que tenía de corregirla. Ante este suceso, los representantes de la consejería competente en medio ambiente se reunieron al día siguiente con Iberdrola para acordar la corrección inmediata de 90 postes eléctricos.

Desde CGT denuncian que Iberdrola continúa electrocutando aves debido al retraso de años en la corrección, obligatoria por ley, de sus líneas eléctricas, incumplimiento posible gracias a la inacción de la Generalitat Valenciana, que «consiente el lavado de imagen de la multinacional» firmando convenios de colaboración en vez de «exigir las inversiones necesarias para evitar la mortandad de aves protegidas». Asimismo, consideran «inaceptable» que dicha multinacional que realiza grandes campañas de publicidad exaltando su «energía verde» mantenga «líneas eléctricas precarias» que causan la muerte de miles de aves protegidas, generando graves daños al medio ambiente.

En la denuncia penal de CGT, que ha motivado el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía, el sindicato acusa a Iberdrola, como propietaria de la línea eléctrica que ha provocado la electrocución de un ave protegida, de varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y relativos a la protección de la fauna.