CSI•F reclama a la Generalitat que garantice el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral en Ciudad Ros Casares

El sindicato CSI•F exige a la Administración que las nuevas oficinas funcionariales ubicadas en Ciudad Ros Casares cumplan la normativa en seguridad y adaptación laboral. Las oficinas siguen la legislación vigente para el alquiler pero carecen de numerosas condiciones necesarias para el desarrollo de actividades de empleados de la administración pública, según las disposiciones que marca el Real Decreto 486/1997.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI•F) explica que la Generalitat no ha tenido en cuenta algunas de las especificaciones obligatorias para la seguridad de los 210 trabajadores trasladados el pasado 1 de junio. Los funcionarios dependientes de las Direcciones Generales de Modernización y Patrimonio, ubicadas en la segunda y tercera planta de las oficinas de Ciudad Ros Casares, no disponen de señalización luminosa que indique las salidas de emergencia, de botiquines de primeros auxilio ni de la adaptación total de aseos para personas discapacitadas.

CSI•F manifiesta que una de las competencias de la Dirección General de Modernización consiste en la concesión de las ayudas públicas por discapacidad denominadas Accestic. Los usuarios que vayan a solicitar estas subvenciones lo tendrán que hacer en las oficinas de Ros Casares, circunstancia paradójica al no realizar la Administración la citada adaptación de los aseos.

La central sindical lamenta la carencia de puntos de registro y de carteles informativos donde los ciudadanos puedan consultar la ubicación física exacta de los despachos de Modernización y Patrimonio. Del mismo modo, la organización sindical reclama que se garantice las líneas de transporte urbano hasta las inmediaciones de la ubicación de las nuevas oficinas.

CSI•F entiende que la Generalitat ha actuado de manera ilícita al realizar un traslado “forzoso”, ya que ha desplazado a funcionarios con plaza en la ciudad de Valencia a la localidad de Xirivella. Además, el sindicato considera que deberían haberse programado las obras de adaptación necesarias para el desempeño de la actividad laboral pública antes de realizar el traslado.

El sindicato CSI•F urge a la Administración a que adapte las nuevas oficinas de Ros Casares para el desarrollo laboral de la función pública según lo establecido por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Por otro lado, reclama que instaure líneas de transporte urbano para facilitar el acceso a las nuevas instalaciones de los usuarios y trabajadores.