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Compromís muestra su oposición a la privatización de las multas de tráfico

  • Ribó: "A más multas, mayores beneficios. Para la empresa hay una necesidad recaudatoria objetiva para obtener beneficios, necesidad que sufrirán todos los ciudadanos conductores de vehículos que circulan por Valencia"

El portavoz del Grupo Municipal Compromís, Joan Ribó, ha manifestado que "la propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana de poner en marcha un contrato con una empresa privada para que coloque sistemas de control en los semáforos para sancionar a los vehículos que no respetan el rojo es una propuesta, a la que no le negamos las buenas intenciones, pero que está cargada de peligros". El sistema, según la información de que disponemos, será instalado y será propiedad de una empresa privada que la gestionará. Con las multas que se produzcan como consecuencia de los controles se financiará a la empresa mediante una parte del total de las mismas.

Ribó ha señalado que "no hay que ser un gran economista para saber que los beneficios de la empresa estarán directamente relacionados con el nivel y la cantidad de multas impuestas. Por tanto, a más multas, mayores beneficios. Para la empresa hay una necesidad recaudatoria objetiva para obtener beneficios, necesidad que, con seguridad, sufrirán todos los ciudadanos conductores de vehículos que circulan por Valencia. El mecanismo que se quiere establecer es un mecanismo perverso. Será una fuente continua de conflictos y problemas con la ciudadanía. Una forma de proceder que no podemos más que rechazar".

Compromís entiende y comparte que hay que mejorar la disciplina y respeto al código de la circulación en las calles de Valencia. Según Ribó, "es fundamental para mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y los propios usuarios de los vehículos. Pero hay muchas formas de hacerlo". En primer lugar, hay que mejorar la educación vial. Hay que pensar en meter guardias dormidos en los pasos de cebra de las calles secundarias. Hay que reorganizar el control semafórico para que no incite a coger velocidades superiores a 50 Km / o 30 km / h. Y hay también sancionar a quienes se niegan a respetar las normas. Pero no se puede reducir todo a meter multas. "Meter multas es el último recurso no el único como parece desprenderse de la propuesta de los Sr. Domínguez".

Además, y en cualquier caso, "es intolerable privatizar un servicio público tan sensible como el que quiere instalar en. Aparte de la evidente afán recaudatorio de la empresa, la desconexión con los servicios municipales de seguridad y circulación vial generará todo tipo de problemas como ya está ocurriendo en otros servicios privatizados como son por ejemplo el tema del aparcamiento temporal en el calle o el tema de la grúa que generan muchos problemas a los afectados por la falta de servicios y molestias que supone la constante voluntad de hacer negocio", concluyó Ribó.

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