EU califica de “tomadura de pelo” el convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat para atender a familias víctimas de desahucios hipotecarios
Albert: “El número de contratos de alquiler social que se han tramitado en un año es de tan sólo 16 frente a los miles de desahucios de la ciudad”
La concejala del grupo municipal de Esquerra Unida, Rosa Albert, ha puesto en evidencia la eficacia del convenio entre la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente y el Ayuntamiento de Valencia en abril del pasado año para atender las necesidades de las familias que han perdido su vivienda habitual como consecuencia de un desahucio hipotecario u otras causas excepcionales mediante el ofrecimiento a este colectivo de viviendas del parque público de la Generalitat en régimen de alquiler. Según datos facilitados por la propia concejala de Bienestar Social e Integración, Ana Albert, a una pregunta formulada por EUPV en el último Pleno, desde que se firmó dicho convenio, hace ya más de un año, se han tramitado un total de 16 contratos de alquiler social.
“¿Considera el equipo de gobierno del PP que el convenio está dando el resultado esperado? ¿Considera suficiente 16 contratos de alquiler social cuando son miles las familias que el pasado año perdieron su casa?”, se ha preguntado la concejala Rosa Albert. La edil, que ha recordado que ayer precisamente se conocía que en 2013 casi 50.000 familias fueron desahuciadas de sus viviendas en nuestro país, ha calificado como “insuficiente” este convenio y ha instado a la Concejalía de Bienestar Social a que lo revise y lo adapte “de manera que pueda dar respuesta a la problemática que supone que familias valencianas sean tiradas de sus casas sin que las administraciones correspondientes den una solución”.
Asimismo, Rosa Albert ha exigido al equipo de gobierno del PP que desarrolle verdaderas políticas de integración social y ha recordado que las personas beneficiarias de este tipo de arrendamientos están sujetas a un programa de intervención técnica destinada a favorecer la adaptación a su entorno, disminuyendo o evitando los riesgos de marginación social, previniendo y abordando las causas de sus problemática actual y posibilitando su inserción social.
“La función del Ayuntamiento de Valencia es garantizar los derechos de las personas por encima de cualquier otro interés y, por ello mismo, si no funciona el convenio firmado con la Generalitat debe revisarlo o modificarlo para que el mismo deje de ser un simple papel mojado”, ha advertido la edil.
