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El Ayuntamiento reivindica inversiones justas “ante la marginación que sufre la ciudadanía en los PGE”

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    Se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos municipales, salvo la abstención del grupo Popular, la propuesta del Consejo Social de la Ciudad de València que reivindica unas inversiones justas para la ciudad, acordes con las necesidades de los valencianos y valencianas. Por este motivo se impulsan las acciones necesarias para que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 cubran necesidades básicas para el desarrollo de la vida de la ciudad resumidos en tres puntos que ha explicado el alcalde, Joan Ribó.

    El primero de los proyectos a los que se ha referido el alcalde es "el nuevo canal de acceso, la estación central y el túnel, que lleva 14 años sin realizarse. El segundo de ellos es la financiación del transporte regular de viajeros del área metropolitana y el tercero se refiere a una partida que se haga cargo de la deuda del Consorcio València 2007 de la celebración de la Copa América", en referencia al crédito del ICO avalado por parte del Estado y la deuda por la obligación de contratar una cobertura del préstamo principal. Ribó ha expresado su firme decisión de exigir, entre otras, "la dotación presupuestaria de estos tres proyectos que consideramos fundamentales".

    El alcalde, Joan Ribó, ha exigido al Gobierno Central "unas partidas específicas para lograr los proyectos que consideramos estratégicos para el futuro desarrollo de nuestra ciudad, para la creación de empleo estable y de calidad, y para que los vecinos y vecinas disfruten de los mismos servicios básicos que el resto de grandes ciudades". Ribó ha afirmado que "no queremos ser más que ninguno, pero tampoco menos que ninguno. Somos un área metropolitana de 1,6 millones de habitantes, sin duda la tercera del Estado y merecemos un transporte de calidad que conecte a los vecinos y vecinas que se desplazan todos los días para trabajar y por razones de ocio. Exigimos unas cantidades decentes", ha reclamado el máximo representante del Govern de la Nau, quien ha agradecido todos los votos a favor de esta reivindicación.

    Por su parte, el presidente delegado del Consejo Social de la Ciudad de Valéncia, Jordi Peris, ha recordado las cifras de los Presupuestos Generales del Estado 2017, que "han asignado 590 millones de euros a la Comunidad Valenciana, un 33% menos que el año anterior, lo que se traduce en 119 euros por valenciano frente a los 185 de media de otras ciudades". Además, ha recordado que "de los 868 millones de euros presupuestados en 2016 sólo se ejecutaron 414, es decir, sólo se acometieron un 47% de las inversiones previstas", es decir, que, no sólo no se compensa está cantidad de 2016, sino que en 2017 "se agrava aún más".

    Fernando Giner, por parte del grupo Ciudadanos ha explicado su apoyo con un voto a favor "porque apoyamos la falta de financiación y hemos estado colaborando en esta línea. Tenemos que escuchar a la sociedad que reclama lo que necesita", si bien ha mostrado su discrepancia con la forma en que se han desarrollado las acciones emprendidas desde el gobierno municipal, las que ha calificado como un "un acto nacionalista".

    Por su parte, Alfonso Novo, en nombre del Grupo Municipal Popular, ha reconocido que "los presupuestos deben ser más favorecedores hacia la ciudadanía", que supone un 20% de la población de toda la Comunidad Valenciana, y nos abstenemos por "respeto al Consejo y a la ciudadanía".

    CONVOCATORIA DEL CONSEJO RECTOR

    En el transcurso de su intervención, el alcalde ha anunciado que esta misma mañana ha hablado telefónicamente con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, para convocar un Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007. Un encuentro al que se invita a participar a las tres administraciones implicadas (municipal, autonómica y estatal) además de la misma dirección del Consorcio. De esta manera, el Consejo Rector tendrá lugar entre los días 8 y 18 de mayo, y contará con un amplio orden del día "puesto que el gobierno central había desistido de sus obligaciones y había dejado en el aire la convocatoria de este órgano de gestión, lo cual comporta una parálisis importante", ha dicho Joan Ribó.

    El último Consejo Rector se celebró en el mes de julio de 2016, por lo cual, el siguiente contará con un amplio orden del día, con la presentación del Plan Estratégico de Marina, la situación financiera actual (hay que recordar la deuda de 457 millones del ente), o la aprobación de los presupuestos del Consorcio para el 2017.

    POR UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN JUSTO

    Por otra parte, el Pleno de hoy ha aprobado, con los votos a favor del Govern de la Nau y de los concejales y concejalas del grupo Ciudadanos, una moción alternativa a la inicialmente presentada por el Grupo Popular sobre inversiones de la Generalitat en nuestra ciudad, en la que insta al gobierno de España a un cambio en el sistema de financiación autonómico mediante el cual se garantice una financiación justa a la Comunidad Valenciana.

    Ramón Vilar ha calificado de "burla a los valencianos" la moción inicialmente presentada por Eusebio Monzó en nombre del Grupo Popular, en cuyo primer punto se proponía instar al Consell de la Generalitat a que "ejecute en el presente ejercicio y en los siguientes la totalidad de los compromisos presupuestarios contemplados en la Ley de Presupuestos aprobada en Les Corts Valencianes".

    La moción alternativa exige que en los Presupuestos Generales del Estado se incluyan "como mínimo" las partidas presupuestarias relativas al Parque Central, Corredor Mediterráneo, soterramiento de las vías del tren en Serrería, mejora del trazado ferroviario València-Zaragoza, Contrato Programa y que se haga cargo el gobierno Central de las deudas del consorcio València 2007.

    También se pide en la moción que los remanentes de tesorería de los ayuntamientos que han cumplido con las reglas de gasto y sostenibilidad financiera "dejen de ser rehenes en manos del gobierno". Por ello exigen la liberación de remanentes y líquido de tesorerías municipales y que se impulse un amplio acuerdo para lograr la reforma de la financiación local "que cumpla con las expectativas de los gobiernos locales reclamadas durante largo tiempo y plasmadas entre otros acuerdos en la Declaración de València".

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