El Ayuntamiento destina 24 millones de euros al pago de expropiaciones
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy, con el voto de los Concejales populares y socialistas y la abstención de Compromís y Esquerra Unida, la primera modificación de créditos extraordinarios de este año por un montante de 31 millones de euros, que en su mayoría (24 millones de euros) se destinarán al pago de expropiaciones realizadas en el año 2014 para el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana.
Así lo ha explicado el concejal delegado de Política Tributaria y Fiscal, Silvestre Senent, tras explicar que el cumplimiento del plan urbanístico de la ciudad genera expropiaciones que, por supuesto, se tienen que pagar, y que a principios de año se han liquidado, para no pagar intereses, las sentencias relativas a las expropiaciones realizadas en el ejercicio anterior.
El concejal ha recordado que las modificaciones de créditos se realizan para hacer frente a pagos, y ha aludido “a la solvencia del Ayuntamiento de Valencia reflejada en el informe trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2014 sobre el cumplimiento de plazos para el pago de obligaciones del Consistorio, del que también se ha dado cuenta en la sesión plenaria.
Estos puntos del orden del día del Pleno y la aprobación de la primera relación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos y obligaciones de 2015, por un montante de 7 millones de euros, han generado el debate en el que los Grupos de la Oposición han coincidido al resaltar “que el Equipo de Gobierno tiene un problema de gestión urbanística y que tendría que hacer la planificación económica contemplando las sentencias por expropiación”.
A este respecto, y en relación a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la que el Ayuntamiento tendrá que pagar mayor cantidad de dinero por algunas expropiaciones (sentencia de la que también se ha dado cuenta en la sesión), el concejal Delegado de Urbanismo, Alfonso Novo, ha manifestado “que si el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988 hubiera contemplado la obtención de suelo para dotaciones públicas no hubieran sido necesarias las expropiaciones".
Asimismo, Novo ha resaltado que la citada sentencia "no tiene efecto retroactivo" y lo que hace es "complicar más la tramitación" porque dice que los criterios que quería aplicar el ayuntamiento de áreas homologables para expropiaciones no es suficiente, y por tanto se tendrá que valorar cada expropiación por separado”.
