PP: "Antifraude confirma que la EMT no disponía de los controles que hubieran detectado el robo de los 4 millones de euros"

La Agencia Valenciana Antifraude, en su memoria anual, confirma la falta de mecanismos de control en los procedimientos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Afirma que de haberse aplicado las recomendaciones realizadas en el año 2016 por Sindicatura de Comptes, y las de la Intervención General del Ayuntamiento de 2018, “se podría haber detectado o minimizado” el robo de los 4 millones de las cuentas de la EMT. Y afirma también que el caso de los robo de la EMT “pone en evidencia la ausencia de estos protocolos, así como del correcto funcionamiento de los sistemas de control”.

Los concejales del PP y consejeros de la EMT, Carlos Mundina y Marta Torrado,  han afirmado hoy que este informe de Antifraude “vuelve a confirmar y evidenciar lo que hemos apuntado desde el primer día de una nefasta gestión en la dirección de la EMT, y por ello pedimos ya el cese tanto del gerente como del concejal responsable de la empresa pública, Giuseppe Grezzi”.

“No pueden estar ni un minuto más al frente de la compañía y menos ahora que están queriendo hacer un ERTE para los trabajadores, la dirección es la primera que debe salir de la EMT antes que mandar al paro a trabajadores”, han explicado los concejales Marta Torrado y Carlos Mundina.

Para los concejales del Grupo Municipal Popular ,“el informe de Antifraude es muy claro y pone de manifiesto que las medidas de control, protocolos y procedimientos que hubieran evitado el fraude comenzaron a implantarse después del robo de los 4 millones de euros, por lo que es evidente que no existían y que no se explica como en un mes puedan sustraer de las cuentas de la EMT más de 4 millones de euros sin que nadie se percate”.

La memoria anual de la Agencia Antifraude dice que “es necesario impulsar el marco de integridad de las empresas públicas, que deberá incluir, en todo caso, protocolos de funcionamiento interno y actuaciones de control eficaces y eficientes para evitar malas praxis administrativas, fraude y/o corrupción”

Y en dice sobre el robo de los 4 millones en la EMT que “en casos tan mediáticos como el fraude de la EMT ponen en evidencia la ausencia de estos protocolos, así como del correcto funcionamiento de los sistemas de control. El fomento de una cultura de buenas prácticas y la construcción de sistemas o marcos sólidos de integridad pública, en línea con las recomendaciones de la OCDE, nos pueden dar la clave para mejorar y aminorar el riesgo de que se repitan hechos y comportamientos tan sangrantes para las arcas públicas y para la ciudadanía”.

La Agencia recoge que el Ayuntamiento puso en marcha el “Plan-Programa de armonización y homologación de entidades del Sector Público”, aprobado por acuerdo del Pleno de enero 2017, con ciertos protocolos en relación al control económico-financiero y su fiscalización, aspectos presupuestarios y contables o evaluación de la eficacia de las entidades dependientes, obligando a las entidades sujetas a este efecto a contar con un plan de actuación.

Pero asegura la Agencia Valenciana Antifraude que en la EMT estos “protocolos y acuerdos que, a la vista del relato público de los hechos, en algunos casos no se llegaron a aprobar y en otros parece que resultaron ineficaces”.

Y apunta Antifraude que dos informes realizados por la Sindicatura de Comptes y la Intervención General del Ayuntamiento, con propuestas para mejora la seguridad en los procedimientos de la EMT, nunca llegaron a implementarse. Por ello, afirma Antifraude que “los informes de control posterior realizados por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana (en relación con el ejercicio 2016) y por la Intervención Municipal del Ayuntamiento de València (en relación con la auditoría de cumplimiento del ejercicio 2018), pusieron de manifiesto deficiencias que, de haberse corregido, podrían haber detectado o minimizado el incidente”

La Agencia Antifraude relata, entre las deficiencias que existían en la empresa, la  “ausencia de instrucciones internas de contratación, de procedimientos de aprobación de facturas, de evidencia documental en operativa contable, del cumplimiento del propio plan-programa de armonización, deficiencias en aspectos de la gestión del área de tesorería, entre otras”.

Y Antifraude concluye que “en consecuencia, parece plausible pensar que estos procedimientos internos concretos hubiesen dado la voz de alarma en alguno de los distintos niveles organizativos existentes, antes de efectuar unos  pagos por montante de 4 millones de euros, con las verificaciones por sus responsables y los acuerdos requeridos al efecto”.

Además, en su memoria anual, confirma Antifraude que fue luego de la estafa de los 4 millones de euros cuando se comenzaron a implantar medidas y protocolos que hubieran evitado el robo. “En este sentido cabe destacar que, con posterioridad al  fraude,  por  acuerdo  del  Pleno  de  octubre  de  2019,  el  Ayuntamiento   de València incluyó, entre las medidas tendentes a evitar situaciones futuras similares, la adopción de cuantos protocolos propusiera la Mesa Técnica del Plan de Armonización como de obligado cumplimiento para todos los organismos municipales (relativos a metodologías y responsabilidades sobre autorización de gastos, ordenación de pagos, firmas mancomunadas, arqueos de caja, conciliaciones bancarias, etc)”.

“Además del establecimiento de procedimientos y del fortalecimiento de los sistemas de control, el personal y los cargos responsables deberán conocerlos y aplicarlos, posibilitándose su revisión, control y evaluación para evitar la relajación en su cumplimiento interno”, añade Antifraude en las  medidas puestas en marcha tras el robo.

Entre las propuestas de Antifraude para le EMT pide que “a tal efecto, consideramos  que  es  necesario   invertir   en   un   liderazgo   que   fomente la ejemplaridad de los directivos de las empresas públicas, permitiendo así el impulso de unos objetivos claros, políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento de directrices internas, y que soliciten y destinen medios humanos (con clara segregación de sus funciones) y materiales, para ser capaces de detectar vulnerabilidades y riesgos en los sistemas de trabajo de  la empresa pública y permitir así su control”.

También le dice Antifraude a la EMT que “asimismo sería recomendable que, además de auditar los sistemas informáticos (componentes físicos, software, procedimientos y datos), se evalúe el correcto tratamiento de la información que manejan, dando cumplimiento a las medidas de seguridad previstas en la normativa (en esencia, Esquema Nacional de Seguridad, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales), y adoptando medidas efectivas que permitan canales controlados de acceso a dicha información y la adopción de medidas de emergencia en caso de posible fraude”.

Y concluye que “todo ello contribuiría sobremanera a evitar desviaciones de poder o vías de hecho y despilfarro de dinero público y, en cualquier caso, a minorar el coste reputacional que fraudes tan mediáticos provocan en las instituciones y la propia sociedad valenciana”.