LA UNIÓ de Llauradors consigue cambios importantes que afectan a los agricultores valencianos que cotizan como autónomos
El Congreso de los Diputados enmienda el agravio en las pensiones de jubilación de los agricultores profesionales tras el acuerdo firmado el pasado 2 de febrero
La enmienda presentada a instancias de LA UNIÓ, y aprobada ayer con los votos de PSOE y CiU, permitirá moderar la subida de cotización que iban a experimentar estos agricultores para poder equiparar en el futuro sus pensiones a las del resto de autónomos. El Acuerdo social, firmado el pasado 2 de febrero, era muy perjudicial porque ampliaba el periodo de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años para poder igualar sus jubilaciones a las de los demás autónomos. Ahora, con la enmienda aprobada, se podrá optar por incrementar hasta un 20% la base de cotización mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), de manera que la equiparación vuelve a los términos previstos anteriores al acuerdo social. La plena equiparación de las pensiones de los agricultores por cuenta propia será así el año 2022 y no el 2033 como contemplaba el Acuerdo social.
Ahora, un agricultor que cotiza en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA), incluido en el RETA, lo puede hacer por la base mínima (850,2 €) a un tipo del 18,75%, ante el 26,5% de los autónomos. La bonificación se ampliará para bases un 20% superiores. Así, continuarán pagando un 18,75% para bases de hasta poco más de 1.000 euros. Si los agricultores se acogen a esta nueva base bonificada, podrán tener la pensión en mejores condiciones.
La integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA) equiparaba las pensiones de los dos regímenes el año 2022 con un incremento mínimo acumulado en términos constantes del 26,5%. El incremento real de cada año incorpora todos los incrementos anuales de las bases de cotización que fija la ley de los presupuestos generales del Estado de cada año. Sin embargo, posteriormente el texto del Acuerdo social retrasaba esta mejora hasta el 2033, de forma que todas las personas que se jubilaran los próximos años habrían cotizado mucho más para obtener unas pensiones inferiores a las esperadas.
