LA UNIÓ denuncia que los presupuestos del Ministerio de Agricultura no se ajustan a las necesidades del sector valenciano
LA UNIÓ critica al Gobierno por la caída de los presupuestos del Ministerio de Agricultura motivado tanto por las menores previsiones de transferencias de la Unión Europea, como por la reducción de las aportaciones del Estado. La organización considera que los presupuestos de Agricultura, los segundos con mayor recorte tras el de Empleo y Seguridad Social, no se ajustan ni a las necesidades del sector agrario valenciano, ni a la recuperación económica publicitada por el Gobierno.
Según el análisis de los presupuestos de Agricultura que ha realizado LA UNIÓ, los gastos operativos del Ministerio (descontados personal, gastos corrientes y financieros) de cara al 2016 se han reducido respecto del 2015 en un 13,4 %, lo que significa una merma de 1.322,4 millones de euros, hasta quedar en 8.580,1 millones de euros, que es la cifra más baja desde el año 2009, cuando se reunificaron nuevamente las competencias de Agricultura y Medioambiente.
La caída del presupuesto para 2016 refleja una menor perspectiva de transferencias de la Unión Europea, que sustentan habitualmente en el entorno del 80 % del presupuesto del Ministerio de Agricultura. El Gobierno estima una entrada de recursos comunitarios de 6.800 millones de euros de la UE el próximo ejercicio, frente a los 8.000 millones de euros previstos en 2015. Aunque se calcula un incremento del 2,7 % en las aportaciones del FEAGA para las medidas de regulación de mercado y ayudas directas, no compensa la importante reducción de las transferencias FEADER destinadas a las medidas estructurales.
El Ministerio al reducir de manera tan importante sus previsiones de transferencia del FEADER para 2016 parece no tener confianza en que los Planes de Desarrollo Rural 2014/2020 estén listos en plazo como para empezar a ejecutar medidas de manera eficiente en el próximo ejercicio. LA UNIÓ subraya que retrasos de este tipo son la causa de que al finalizar los Planes se acaben desaprovechando cientos de millones de recursos comunitarios como previsiblemente va a suceder con los Planes 2007/2013, cuyo último año de imputación de gastos es el presente 2015.
No obstante, no son sólo los recursos europeos los que se minora, sino que el Ministerio también reduce las aportaciones propias del Estado en un 10%, hasta sumar 1.700,2 millones de euros, situándose por debajo del nivel de ejercicio presupuestario 2012.
La organización considera que el Gobierno debería haber incrementado la aportación propia del Estado a los presupuestos de agricultura en lugar de reducirla y echa en falta un mayor esfuerzo en cuestiones importantes. Así, por ejemplo, el incremento de la partida destinada a subvencionar el seguro agrario que sitúa la partida en 211 millones de euros, es insuficiente teniendo en cuenta que esta medida llegó a contar con 283 millones de euros en 2010. Igualmente, la asignación a la Agencia de Información y Control Alimentario queda prácticamente congelada con 5,9 millones de euros, cuando debe ser el principal instrumento de garantía de cumplimiento de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y cuya efectiva aplicación es imprescindible para un equilibrado reparto del valor añadido generado en la misma que mejore la posición negociadora de los agricultores y ganaderos y los precios percibidos en origen por sus productos.
Igualmente la organización rechaza que se recorten de manera sustancial, un 7,1%, los programas destinados a regadíos y política hidrológica, que sumarían en conjunto algo más de 807 millones de euros, debido al menor esfuerzo a realizar en el capítulo de inversiones.
