LA UNIÓ considera que el Ministerio de Agricultura aleja la PAC aún más de la actividad profesional
LA UNIÓ de Llauradors ve como un retroceso en la definición de agricultor activo la eliminación en los borradores de aplicación de la PAC del listado de actividades excluidas por principio de las ayudas, a sólo dos semanas de la aprobación de los decretos definitivos. Dicho listado dejaba en principio sin acceso a las ayudas agrarias, por traslado directo de los reglamentos comunitarios, a los gestores de aeropuertos, servicios ferroviarios e inmobiliarios, instalaciones de abastecimiento de agua y deportivas y recreativas permanentes. Esta modificación se sale, además, del ámbito de cambios sugeridos por la Comisión Europea y obedece solo a la voluntad ministerial.
Se pide ahora algo tan ambiguo como que la explotación posea buenas condiciones y elimina la obligación de que al menos el 20% de los ingresos del perceptor procedan de la venta de los productos de la explotación, lo que sin duda es una invitación para la entrada de especuladores.
El Ministerio de Agricultura añade así una cuestión más al rosario de opciones facultativas de las que ha hecho uso y que, en opinión de LA UNIÓ, alejan a la PAC de los agricultores y ganaderos profesionales, acercándola más a los grandes beneficiarios. El Ministerio ha optado por un modelo de aplicación de la PAC que comporta una reducción inicial en las nuevas ayudas del Régimen del Pago Básico el año 2015 respecto a la ayuda percibida en el Régimen del Pago Único del año 2014 y, más aún sobre el del 2013 para los perceptores de menos de 5.000 euros, entre los que se encuentran muchos agricultores profesionales de sectores con muy poca ayuda directa de la PAC.
Tampoco el modelo de regionalización satisface a la organización, ya que se ha basado sobre todo, no en criterios agronómicos, sino meramente administrativos, configurando regiones que sólo se parecen en la media de ayudas que perciben. Este mecanismo perpetúa deficiencias y discriminaciones constatadas en el pasado, ya que se ha diseñado con el objetivo fundamental de preservar las ayudas de determinas áreas productivas en particular, tal y como ha sido reconocido en diversas ocasiones por responsables ministeriales.
La aplicación del recorte mínimo del 5% para los perceptores de más de 150.000 euros de pago básico anuales ha sido también contestado LA UNIÓ, que reclamaba que dicha reducción alcanzase el 100%, lo que permitiría haber redistribuido las ayudas de manera más equilibrada y aumentar el presupuesto disponible para medidas de desarrollo rural prioritarias como los planes de mejora, la incorporación de jóvenes, las indemnizaciones para zonas desfavorecidas, las ayudas agroambientales y a la agricultura ecológica, etc.
LA UNIÓ y el resto de organizaciones de la Unión de Uniones se ha dirigido por escrito al Ministerio insistiendo en algunas de las anteriores alegaciones, como ya hicieran en julio pasado, y requiriéndole que, a falta de una definición de agricultor activo más próxima a la de agricultor profesional, se reconduzca la misma, de manera que queden excluidos del sistema de ayudas directas aquellas empresas y productores para los que la actividad agraria represente una parte poco significativa de su actividad económica, posición que la organización mantiene desde el año 2010, cuando esta posibilidad se introdujo ya como facultativa para los Estados Miembros en la reforma de la PAC anterior.
