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LA UNIÓ califica 2010 como un nuevo año con ausencia de soluciones reales para los productores y con serias amenazas para el próximo

  • LA UNIÓ trabajará de forma intensa para que el próximo año se establezcan mecanismos que garanticen precios justos tanto para productores como consumidores

El año 2010 pasará a la historia como un nuevo año negativo para los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la crisis de precios en la mayor parte de los sectores y la necesidad de impulsar medidas para revertir esta situación que provoca un creciente abandono de explotaciones, según el balance realizado por LA UNIÓ.

Hay que tener en cuenta de nuevo este año, tras repetirse la misma tendencia de los anteriores, los elevados márgenes comerciales entre origen y destino que siguen sin ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas (el Observatorio de Precios estatal no cumple con su función y el autonómico ni tan siquiera funciona). Se ha consolidado así la hegemonía de las grandes empresas de la distribución con la consiguiente reducción de los precios a los productores y el aumento de los mismos a los consumidores; mientras que las rentas agrarias se han mantenido en niveles similares a los de hace veinte años. Destacar así mismo el continuo retraso en el pago de las ayudas agrarias, la dejadez para contrarrestar la plaga contra conejos o fauna salvaje y el creciente aumento de las importaciones que hace que la preferencia comunitaria sea ya una mera anécdota y que se verá agraviado con el nuevo acuerdo firmado entre la UE y Marruecos o con el futuro acuerdo con Mercosur, lo que provoca que se ayude a los “ricos de los países pobres”.

Los precios bajos se han dado en la totalidad de sectores agropecuarios y LA UNIÓ será contundente a la hora de reclamar mecanismos que garanticen precios justos tanto para los productores como para los consumidores. A pesar de las reiteradas reivindicaciones realizadas por el sector, los gastos de los inputs agrarios se han visto aumentados en el último año, no se ha puesto en marcha el gasóleo profesional profesionalizado el gasóleo, las tarifas eléctricas siguen subiendo y sigue sin haber una transparencia en la cadena alimentaria. El aumento del valor de los cereales que ha beneficiado, pero no enriquecido, a los agricultores cerealistas que no vendieron en campaña ha sido en cambio un tremendo lastre para los sectores ganaderos, que han visto como se incrementaban los costes de los piensos, mientras bajaba el valor de sus producciones. Hay que sumar el incremento del IVA que se produjo a partir de julio y que ha afectado a todos los factores de producción adquiridos por los agricultores y ganaderos. Resaltar así mismo la falta de respuesta ante la sucesión de adversidades climatológicas pues de las promesas iniciales se pasa a hechos que tardan mucho en concretarse o ni tan siquiera eso, los continuos robos de cosechas y herramientas esenciales para la actividad agraria como por ejemplo los que se suceden en los pozos de riego. Las modificaciones fiscales siguen siendo prácticamente nulas y por tanto los agricultores y ganaderos pagan impuestos sobre pérdidas.

LA UNIÓ no ha permanecida inactiva. Ha realizado numerosas acciones de protesta tanto en Madrid frente al Ministerio de Medio Rural como en la Comunitat Valenciana frente a la Conselleria de Agricultura, porque ambos Gobiernos tienen su parte alícuota de culpa en los males del sector agrario valenciano. Esta situación de crisis augura un 2011 con movilizaciones para exigir el mismo trato hacia el sector agrario que el que se le proporciona a otros sectores económicos. El sector agrario valenciano, además de crear riqueza económica con la producción de alimentos sanos y de calidad, es importante socialmente pues vertebra el territorio, mantiene el paisaje y fija a la población en las zonas rurales.

Las amenazas para el próximo año vienen con la reforma de la PAC, el retraso en la edad de jubilación o los acuerdos comerciales con terceros países. LA UNIÓ defenderá que las ayudas se distribuyan de manera equitativa, que no perjudiquen a los profesionales y que se mejoren e intensifiquen los controles en frontera y en la cadena alimentaria, para evitar fraudes a los consumidores y competencia desleal a los productores.

 

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