Unides Podem reclama el reconocimiento como discapacidad social de los Trastornos de Espectro Autista
El grupo parlamentario Unides Podem ha presentado en Les Corts Valencianes una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno estatal que inicie el procedimiento legislativo necesario para el reconocimiento de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) como discapacidad social o psicosocial con el fin de mejorar el acceso de estas personas al empleo público y otros beneficios regulados para su contratación.
Hoy, 18 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un trastorno del desarrollo que se manifiesta de diferente forma en cada individuo, pero todos tienen en común las dificultades para la interacción social, alteraciones de los patrones de comunicación no-verbal, intereses restringidos, inflexibilidad cognitiva y de comportamiento, dificultades para la abstracción de conceptos, coherencia central débil en beneficio del procesamiento de los detalles, interpretación literal del lenguaje, dificultades en las funciones ejecutivas y de planificación, la interpretación de los sentimientos y emociones ajenas y propias.
La portavoz adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, ha presentado esta iniciativa, con la que pretende impulsar que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para dar respuesta a las reivindicaciones planteadas por la Confederación Asperger España en diciembre de 2020 a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.
De este modo, incide en la necesidad de poner en marcha el Plan de Acción que desarrolla y concreta las líneas de la Estrategia Española en los Trastornos de Espectro Autista.
Este plan, ha señalado Estefanía Blanes, “recoge 15 líneas estratégicas que, en el plazo de un año, tendrían que haberse reflejado en un Plan de Acción donde se establecieron las medidas y acciones concretas. Hoy en día este Plan de Acción sigue sin llevarse a cabo pero es absolutamente necesario para garantizar la igualdad de oportunidades y el goce efectivo de los derechos del colectivo”.
La diputada ha incidido en que “son muchos los ejemplos y datos que expresan esta necesidad urgente de desarrollar este Plan de Acción. Durante la infancia, los estudios demuestran que la práctica totalidad de niñas y niños con este trastorno sufren acoso escolar, por lo cual desarrollar todas las medidas necesarias para la aplicación efectiva de los convenios internacionales de atención a los derechos de la infancia y a los de las personas con discapacidad es fundamental. Durante la edad adulta, el colectivo soporta un nivel de desocupación de más del 85% mientras que se los impide el acceso a la ocupación pública por la falta de reconocimiento como discapacidad Social o Psicosocial”.
Paralelamente, ha indicado que “actualmente, a las personas con TEA nivel 1 se les reconoce una discapacidad psíquica, pero no son enfermos mentales ni tienen discapacidad intelectual. Esta situación supone que las personas con TEA nivel 1 están marginadas del acceso a la ocupación pública puesto que en las convocatorias de las diferentes administraciones solo se contemplan discapacidades psíquicas que tengan retraso cognitivo o enfermedad mental”.
En este sentido, ha explicado que “el reconocimiento legal de la discapacidad social es una reivindicación del colectivo, una necesidad prioritaria a la cual los poderes públicos tenemos que dar respuesta porque puedan desarrollar sus capacidades y acceder a poder trabajar como las otras discapacidades. El no reconocimiento de la discapacidad social implica la marginación de todo un colectivo que presenta una discapacidad invisible, es decir, implica la marginación dentro de la discapacidad”.
