Unides Podem denuncia la lentitud en los trámites y la alta tasa de denegaciones de la Oficina de Extranjería de Valencia

La diputada del Congreso por Castelló de Unides Podem, Marisa Saavedra ha presentado junto con el diputado Ismael Cortés, de la Comisión de Interior, preguntas al Ministerio de Interior, para que se estudie el caso de la Oficina de Extranjería de València, que tiene una denegación más alta de regularización de inmigrantes y tiempos de resolución más largos que el resto del territorio, por lo que la tramitación de expedientes que se realizan en dicha oficina, podría no ser ajustada a derecho.

Saavedra ha expuesto "que El Defensor del Pueblo ha recibido varias quejas relativas al funcionamiento de esta oficina, por las que ha emitido diversas resoluciones, recomendaciones y sugerencias, y en una de ellas señala incluso que la oficina no ha respetado los principios de celeridad ni de buena fe".

La diputada manifiesta que “es indignante el último caso del que se han hecho eco los medios, relativo a una menor de 11 años, que vive en España desde que tenía 7 meses, y que no ha podido obtener la autorización de residencia, como menor no nacida en España, pese a las múltiples solicitudes realizadas, y siempre por temas menores o de forma. Se trata de una grave vulneración del principio de interés superior del menor".

En este caso, el Defensor del Pueblo se ha pronunciado a favor de que se le tramite la documentación a la niña y que “se tome en consideración el interés superior de la menor”, y ha informado a la Dirección General de Migraciones sobre este tema.

Cortés ha explicado que Unides Podem exige saber "si el proceder de la Oficina de Extranjería de València y las resoluciones de la Oficina del Defensor del Pueblo van a ser tenidas en cuenta para tomar alguna medida al respecto. Preguntamos si el Gobierno tiene previsto realizar algún tipo de actuación para que en todas las oficinas de extranjería se tenga en cuenta el principio de interés superior de los menores en estos trámites".

Según la asociación Extranjeristas en Red, esta resolución es un caso paradigmático, en el que el Defensor del Pueblo ha puesto el foco, del proceder habitual de esa oficina, que según los datos proporcionados por la propia Administración, tiene un atasco importante en determinados trámites. El más preocupante es el de arraigo social, que lejos de los plazos previstos en la normativa para su resolución, está tardando más de 9 meses en resolver, lo que indica, según ellos, que la oficina “procede de manera intolerable, no sólo en relación a los retrasos, sino en el sentido de sus resoluciones, en un claro ánimo obstructivo del buen funcionamiento de la Administración”.