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Transparencia abre a consulta pública la Ley de Fomento de Responsabilidad Social

    La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación ha abierto el proceso de participación pública la Ley de Fomento de Responsabilidad Social, foro on line que estará disponible hasta el próximo 15 de septiembre en la web conselleria para recoger opiniones, propuestas, sugerencias y observaciones.

    La participación en la vida política, económica, cultural y social de la Comunitat es un objetivo esencial del Gobierno valenciano que pretende dar voz a las iniciativas y propuestas de los ciudadanos a través de esta consulta pública, que supone el inicio de la elaboración de la futura ley.

    La responsabilidad social, como conjunto de compromisos de orden económico, social y ambiental adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones públicas y privadas, representan un valor añadido contribuyendo al progreso social y económico en el marco de un desarrollo sostenible.

    El objetivo de la Ley de Fomento de Responsabilidad Social es extender e involucrar a las administraciones públicas en el fomento de la responsabilidad social en general y, en particular, dentro de su propia organización. La Administración valenciana, en su condición de prestadora de servicios públicos, puede usar de forma estratégica la contratación pública y exigir, en el marco de la legislación aplicable, cláusulas en la contratación como herramienta para fomentar dicha responsabilidad, y alcanzar una mayor transparencia en la gestión como medio de lucha contra la corrupción.

    La futura Ley de Responsablidad Social contemplará, entre otras cuestiones, la prohibición de que la administración valenciana contrate con empresas que radiquen u operen en paraísos fiscales o que se hayan visto incusas en casos de corrupción.

    Asimismo, el establecimiento de cláusulas sociales y las buenas prácticas por parte de las empresas serán prioridad para las contrataciones que desarrolle la Generalitat y su sector público, además de un estímulo a la responsabilidad social para las empresas, especialmente para pymes y autónomos.

    Con la finalidad de potenciar la participación, análisis y consulta en materia de responsabilidad social, se crea a su vez el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social como órgano colegiado y de participación del Consell en esta materia, y se constituye como Observatorio de la Responsabilidad Social en la Comunitat, que actuará como órgano de información y consulta.

    Para participar en las diferentes categorías que recoge el foro de participación ciudadana en torno a la futura Ley de Fomento de Responsabilidad Social se puede acceder a través de http://participa.gva.es/web/ley-responsabilidad-social/foro

    Por otra parte, se abre también un período de reuniones bilaterales con los diferentes grupos de interés como organizaciones sindicales, empresariales, universidades, organizaciones no gubernamentales, etc.

    Cláusulas para contrataciones más sociales, éticas y responsables

    Algunas de estas cláusulas son de carácter social como el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social; la inserción laboral de personas con diversidad funcional; el fomento de la estabilidad en el empleo; la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otras.

    A su vez, se incluyen requerimientos ambientales como eficiencia energética; el uso de productos reutilizables; el empleo de energías renovables; o la minimización de emisiones o adecuada gestión de residuos.

    En cuanto a las cláusulas éticas se recogen medidas adoptadas relacionadas con códigos de conducta; transparencia y acceso a la información publica; lucha contra la corrupción; o comercio justo.

    El documento traslada la responsabilidad social al ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público. Para ello, se incluyen medidas de planificación como un Plan Valenciano de Responsabilidad Social; la citada exigencia de clausulas de responsabilidad social en la contratación publica; la reserva de contratos; la exigencia de memorias de Responsabilidad Social; o la creación de órganos de participación y consulta mencionados.

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