Un total de 11 comunidades autónomas exigen al Gobierno central "implicación" en la acogida de refugiados

La Comisión Mixta de de Atención y Acogimiento a Personas Refugiadas y Desplazadas, convocada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha aprobado este miércoles firmar una declaración, a la que se adherirán diez comunidades autónomas más, para exigir al Gobierno central "mayor implicación a la hora de atender" a las personas desplazadas por los conflictos bélicos. Asimismo, reclama que permita colaborar en esta tarea a los gobiernos regionales que han expresado su disposición a atender a las personas refugiadas.

El órgano, presidido por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, fue creado el pasado mes de septiembre, y está compuesto por miembros de las consellerias de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación; Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; Educación, Investigación, Cultura y Deporte; y Sanidad Universal y Salud Pública. También forman parte de este órgano la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), las diputaciones provinciales, las universidades públicas valencianas, así como ONG vinculadas a la protección de derechos y acogida de refugiados.

El documento lo firmarán también las comunidades autónomas de Canarias, Cantabria, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Illes Balears, Navarra y Principado de Asturias. Además, se remitirá la Declaración al Ministerio de Trabajo (ministra y secretaria general), al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a la Vicepresidencia y a la Presidencia del Congreso por si estiman oportuno apoyarlo por completo o unirse a alguna de las peticiones realizadas.

La vicepresidenta del Consell, en declaraciones a los medios tras la reunión de la comisión mixta, ha indicado que esta declaración muestra que "los gobiernos autonómicos y locales están en sintonía con lo que la sociedad está demandando, indignada con las actuaciones de los gobiernos centrales europeos en materia de personas refugiadas".

En el caso de la Comunitat Valenciana, ha apuntado Oltra, "el Gobierno de la Generalitat tiene claro que la prioridad siempre es rescatar personas y estas son personas que hay que rescatar literalmente, a veces, incluso, debajo de las aguas del mar".

La vicepresidenta ha insistido en que "lo que pedimos es que haya un cambio en el discurso público del Gobierno de España; que se asegure que las personas pueden llegar a nuestros países en condiciones de seguridad y que se pongan también los medios, contando con las comunidades autónomas, para que les podamos dar una acogida amable después de todo lo que han pasado en los últimos meses".

"Cuanto más intenten impedir la acogida amable, más grande será la tragedia"

Respecto al número de refugiados que hay que acoger, Oltra ha insistido en que "tienen que ser cifras razonables y proporcionales al drama que se está viviendo. Estamos hablando de 9 millones de personas desplazadas en este momento por la guerra de Siria, por lo que, cuando se habla de acoger a 400 personas, es insultante y vale la pena decir que no se quiere acoger a ninguno y, por lo menos, ser sincero".

La vicepresidenta ha recalcado que, "teniendo en cuenta que Canadá ya ha acogido a 25.000 personas, que está en la otra punta del mundo, hablar de 400 me parece un insulto. Me avergüenza como española y europea que el Gobierno central esté hablando de estas cifras ante el drama que tenemos delante".

"La gente huye de un horror y quiere llegar a la Unión Europea porque entiende que, por sus principios fundacionales, es un lugar que les va a acoger y les va a dar una estancia segura como demandantes de asilo que son porque tienen derecho a la protección internacional. Cuando más se cierren las fronteras y cuanto más intenten impedir esa acogida amable, más grande será la tragedia humana, porque, al final, si no pueden por vía terrestre, lo intentarán por mar y se echarán al agua una segunda vez y lo que haga falta hasta poner a su familia en un lugar seguro o hasta llegar a los lugares de Europa donde viven ya sus familias", ha enfatizado la vicepresidenta y consellera de Igualdad.

La vicepresidenta, que ha explicado en la comisión el reciente viaje a Grecia, el pasado mes de febrero, de una delegación del Consell "para conocer y vivir en primer persona lo que allí está pasando", ha hecho hincapié en que existen "dos brechas en la Unión Europea: una que cierra las fronteras a las personas que huyen de la guerra y que convierten a la Unión Europa en un búnquer", y otra marcada por el Mediterráneo que separa la Europa del norte de la del sur y que "debemos cerrar si queremos que la construcción de la Unión Europea evolucione según los principios básicos de nuestra civilización".

Las instituciones europeas "no están a la altura de la gravedad de los conflictos"

La iniciativa adoptada por estas comunidades, según refleja el escrito, pretende poner de manifiesto su "postura pública" frente a la crisis de refugiados dadas las implicaciones que está adquiriendo en sus aspectos humanitarios y políticos "al ponerse en cuestión algunos de los valores básicos sobre los que se asienta la propia construcción europea".

De esta manera, consideran que las propias instituciones europeas "no están a la altura de la gravedad de los conflictos que se desarrollan a las puertas de la misma Europa" y realizan una "crítica profunda" a la "incapacidad y la resistencia" del Gobierno de España para plantear respuestas y comprometerse en las soluciones y a la "reiterada negativa a contar con las comunidades autónomas que han ofrecido su plena colaboración".

Las demandas que los gobiernos autonómicos realizan por ello a la Unión Europea y a los Estados Miembros son reclamar "mayor implicación" en la atención a las personas refugiadas de conflictos bélicos; apelan al "desbloqueo" de los procedimientos que les permita la "llegada segura" de estas personas y una "distribución adecuada" por el territorio español.

También instan al Gobierno central a que permita la "participación" de las comunidades autónomas en la distribución de los recursos económicos de la Unión Europea y del Estado para "asumir de manera conjunta" la atención a estas personas. Otro de los puntos que los gobiernos autonómicos reflejan en la Declaración es la reiteración de su "disposición a colaborar en la acogida y la integración social" y la reclamación de criterios de distribución geográfica "objetivos, homogéneos y consensuados".

Finalmente, exigen la convocatoria "con carácter urgente" de la Conferencia Sectorial de Inmigración para abordar de forma conjunta esta cuestión e instan a la Presidencia del Congreso de los Diputados a proponer la constitución de una subcomisión parlamentaria para debatir un "nuevo modelo en políticas de asilo y refugio".