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Torres denuncia que con el copago farmacéutico el Consell está cometiendo “una grave irregularidad al atacar una ley en vigor”

  • El portavoz del grupo parlamentario socialista ha advertido de que han suprimido el artículo 16 del Estatuto del Discapacitado pero se han olvidado de la Ley de Derechos Sanitarios de Menores

El síndic del Grup Parlamentari Socialista, Antonio Torres, ha denunciado hoy que el Consell con la aplicación del copago farmacéutico para las personas con discapacidad está “cometiendo una gravísima irregularidad porque esta medida atenta contra una ley valenciana que está en vigor”. En este sentido, ha explicado que el PP para aplicar este nuevo copago eliminó en la Ley de Acompañamiento el artículo 16 del Estatuto de los Discapacitados que garantizaba la gratuidad de las medicinas a estas personas, sin embargo, ha advertido de que “se olvidaron de otra ley valenciana que sigue en vigor como es la de Derechos Sanitarios de los Menores”.

Por tanto, a su juicio, “esto es una grave irregularidad porque están obligado a los discapacitados menores de 18 años a pagar las medicinas cuando una ley en vigor dice lo contrario”. Por último, ha lamentado que los socialistas habían presentado una Proposición de Ley para eliminar este copago farmacéutico aunque “todo hace prever que el PP no va a aprobar la propuesta del grupo socialista”.

Por otra parte, los socialistas también han presentado una iniciativa para abordar la situación de todos aquellos hogares que están sin ingresos en la Comunitat. Así, ha recordado que “somos la autonomía que menos recursos destina a atender estas personas que no tienen ningún tipo de ingreso”. En este sentido, ha calificado de “una auténtica vergüenza” que esto ocurra en la Comunitat Valenciana “cuando estas personas deberían estar protegidas por la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía y deberían estar recibiendo la prestación correspondiente”. Ante esto, ha denunciado que “la Generalitat no paga” y ha lamentado que “en los pocos casos en los que lo hace reduce la prestación a uno o dos meses cuando en otras comunidades el periodo es de un año y prorrogable hasta tres”. Por ello, ha señalado que “la situación es totalmente insostenible”.

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