Compromís per Torrent demanda que la junta de gobierno local se haga cargo de las irregularidades laborales detectadas por la inspección de trabajo
Pau Alabajos: “Son los responsables políticos los que se tienen que hacer cargo del coste de las irregularidades sancionadas por la Inspección de Trabajo, más cuando el Alcalde Ros ha anunciado que no las recurrirá”
Compromís per Torrent, de la mano de su portavoz municipal Pau Alabajos, ha anunciado que demandar, a la actual Junta de Gobierno Local, que se haga cargo del coste salarial derivado de las irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social en el caso de las becarias de Alcaldía destinadas al gabinete de prensa municipal. Esta petición se formulará una vez la Comisión de Investigación, solicitada por Compromís, sea informada de la totalidad de los gastos derivados de las cargas sociales por abonar, además de las sanciones impuestas por la Seguridad Social.
Además, Alabajos ha informado que se solicitará el conjunto de la documentación administrativa referida a la situación laboral del resto de becarios y becarias que formen parte de la plantilla de personal del Ayuntamiento. “La inspección ha detectado tres casos de personas que llevaban años en situación irregular, pero podrían haber más, dadas las actuales circunstancias políticas en el Ayuntamiento”, ha declarado el portavoz de los valencianistas”.
Desde Compromís le recuerdan al portavoz socialista y regidor delegado de personal Andrés Campos, que cuando él estaba en la oposición, también como portavoz del PSPV-PSOE, junto a Compromís, pidieron las explicaciones y las responsabilidades correspondientes a la entonces alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado y a su junta de gobierno por su imputación en el caso de la denuncia interpuesta por la empresa adjudicataria de las instalaciones deportivas de Parque Central, “ahora le corresponde a Campos, como regidor de personal, al Alcalde Ros como máximo responsable local, y al resto de compañeros y compañeras de la junta de gobierno local, asumir las responsabilidades patrimoniales y políticas oportunas por haber amparado estas irregularidades a lo largo de los años sancionados”.
Alabajos ha concluido explicando que, “desde que Ros es alcalde la primera decisión que toma ante el Pleno del Ayuntamiento es delegar casi la totalidad de sus las funciones para evitar responsabilidades futuras, pero en este caso no puede aducir desconocimiento porque se trata de personas que trabajaban pared con pared y codo a codo con su despacho de alcaldía de la segunda planta ”.
