El PP suspende de militancia a Rafael Blasco
El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, tras la reunión mantenida este sábado, ha acordado incoar expediente disciplinario contra Rafael Blasco por la comisión de infracciones tipificadas como graves y muy graves. También ha adoptado, como medida cautelar, la suspensión de militancia y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos en el seno del Partido Popular o en representación de éste.
El comité de derechos y garantías del PPCV ha permanecido reunido durante unas cuatro horas. Era la respuesta de Fabra a unas declaraciones del exconseller en las desafiaba al presidente de la Generalitat y de los populares valencianos.
BLASCO AFIRMA QUE NO ABANDONARÁ SU ESCAÑO
Rafael Blasco se encontraba aparentemente tranquilo tras conocer su suspensión de militancia; pero no podía evitar traslucir la indignación por la medida adoptada por la Comisión de Derechos y Garantías del PP que, en su opinión ha sido “precipitada e indecente. De hecho, se ha tomado para evitar un problema y lo único que va a conseguir es hacerlo más grande”.
El exportavoz parlamentario del PP, que se ha reiterado en mantener su acta de diputado, opina que ya asumió sus responsabilidades políticas cuando dimitió de portavoz y de sus cargos orgánicos en el PP, “sin estar todavía imputado”, precisa . “Pero el acta de diputado no la pienso abandonar. Estoy convencido de mi inocencia. De hecho nadie, ni el fiscal, me ha acusado de haberme llevado dinero de la cooperación. Detrás de todo esto solo existe una intencionalidad política y mediática de apartarme de la vida pública”.
ANTECEDENTES
El propio Fabra ya anunció el jueves que pensaba sancionar al diputado, pero lo dejaba en manos del comité de garantías. Ahora, en una reunión de urgencia, se ha abordado el caso. Ya se había iniciado el estudio de las manifestaciones del exconseller y diputado Rafael Blasco, tres días después de que las efectuara, en las que desafiaba el liderazgo del presidente de los populares valencianos y de la Generalitat, Alberto Fabra. En la calle Quart consideran que pueden ser constitutivas de una infracción grave o muy grave.
La convocatoria era inminente, según indicaron entonces fuentes del PP. Tanto desde la dirección regional del PP como desde el comité de derechos y garantías que preside Alfredo Castelló, alcalde de Sagunto y diputado autonómico, se indicó que la reunión de este órgano disciplinario de los populares valencianos no se iba a demorar.
El presidente regional del PP y de la Generalitat, Alberto Fabra, indicó el pasado jueves, ante de asistir a una reunión de la provincial del PP, que para resolver la situación «están los estatutos». Fabra apuntó que en el comité de derechos y garantías «se van a poner de manifiesto» las declaraciones de Blasco para ver si «son constitutivas de algún tipo de sanción». El líder de los populares valencianos apuntó que hay «motivos suficientes» para decidir la expulsión de Blasco, que en un momento de sus declaraciones calificó de «melindres» a los dirigentes del partido.
El vicepresidente del Consell y portavoz, José Císcar, no se mostró ayer, precisamente, melindre. Ni delicadeza afectada y excesiva en palabras, acciones y ademanes, que es el significado que la Real Academia Española de la Lengua da a esa palabra, tuvieron cabida cuando se refirió a Rafael Blasco tras el pleno del Consell. Todo lo contrario. Císcar dijo que las manifestaciones del exconseller las considera «muy graves». Císcar aseguró que el comité de derechos y garantías iba a estudiar si esas declaraciones son constitutivas de algún tipo de infracción a los estatutos y, si así fuera, se abriría el proceso habitual en estos casos. Y sin que mediara pregunta alguna, el número dos del Consell y dirigente del PP destacó que la sanción «puede llegar incluso a la expulsión del partido».
Las palabras de Císcar pusieron de manifiesto las ganas que hay en el Palau de la Generalitat de poner fin a la trayectoria de Rafael Blasco en el PP valenciano.
El vicepresidente defendió, sobre todo, su negociado: la abogacía de la Generalitat. Císcar apuntó que Blasco mentía al asegurar que el Gobierno valenciano influía en la abogacía del Ejecutivo contra él. «Es una falta de respeto a la abogacía de la Generalitat y quien diga eso falta a la verdad», afirmó.
Explicó el número dos del Consell que la abogacía de la Generalitat toma decisiones profesionales, y que una cosa es que el Gobierno valenciano decida personarse en un caso, que esa, aclaró, sí es decisión del Ejecutivo, y otra que intervenga en el resto del proceso jurídico, algo que queda en manos exclusivamente de los abogados.
Císcar se refería al escrito de calificación que la abogacía de la Generalitat presentó en el 'caso Cooperación' en el que pidió 11 años de cárcel para el exconseller. «Ese es el hecho diferencial» entre Rafael Blasco y el resto de los imputados judiciales que hay en el grupo parlamentario del PP, nueve en total: que en el asunto de Cooperación el Gobierno valenciano es parte de la acusación e incluso pide penas de cárcel para uno de los suyos, una persona que ha sido conseller y redactor del programa electoral con el que el PPCV ganó por mayoría absoluta las últimas elecciones autonómicas.
Como hecho muy grave los estatutos del PP consideran, entre otros, «toda manifestación o declaración hecha con publicidad, que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de gobierno y representación del partido, o de los grupos institucionales del mismo».
Los hechos muy graves están sancionados con la suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años, la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en su representación por el mismo espacio de tiempo o la expulsión del partido, que se impondrá siempre que haya una sentencia firme de condena a penas de prisión o inhabilitación.
