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Los socialistas destacan el intenso trabajo desarrollado por los diputados valencianos para impulsar las inversiones y fortalecer el tejido industrial

Los socialistas destacan el intenso trabajo desarrollado por los diputados valencianos para impulsar las inversiones y fortalecer el tejido industrial
  • Calabuig advierte de que la Generalitat ha dejado perder 500 millones de euros en inversiones estatales y Montón resalta la ampliación de los derechos sociales en esta legislatura

El diputado Joan Calabuig ha destacado hoy “el intenso trabajo desarrollado por los diputados valencianos en el Congreso de los Diputados para impulsar las inversiones esenciales que permitirán fortalecer el tejido industrial y la seguridad ciudadana en la Comunitat”, y ha advertido de que las inversiones estatales que la Generalitat Valenciana “ha dejado perder pueden superar los 500 millones de euros”.

Así lo ha destacado Joan Calabuig en rueda de prensa en la que ha comparecido junto con la diputada Carmen Montón para realizar un balance de la novena legislatura en la que el grupo parlamentario socialista “ha sacado adelante normas importantes desde el máximo consenso y han ganado más de 4.000 votaciones frente a las 41 del Partido Popular”.

Carmen Montón, por su parte, ha explicado que la labor de los diputados socialistas se ha centrado en “afrontar y superar la crisis económica con reformas que han servido para dar credibilidad y modernizar la estructura económica del país”. A este respecto, ha puesto de relieve “la deslealtad del Partido Popular que todo el tiempo ha antepuesto sus intereses a los de los españoles y, lejos de una posición constructiva, ha mantenido una estrategia de perfil bajo basada en obstaculizar la acción del Gobierno”.

También ha destacado de esta legislatura “el paso significativo que se ha dado hacia el fin de ETA” aunque ha advertido de que “ahora debemos extremar la responsabilidad y mantener la unidad de los demócratas”. Por último, ha resaltado el trabajo realizado por “la ampliación y el fortalecimiento de los derechos sociales” con la aprobación de leyes como la Ley General de Salud Pública o la de Salud Sexual y Reproductiva que, -ha recordado-, “el PP ha anunciado que derogará si gana las elecciones”.

Por su parte, Joan Calabuig ha destacado el “compromiso” de los diputados valencianos “con la Comunitat y con Valencia”. “Hemos aportado una perspectiva valenciana en un contexto de crisis económica internacional”. A modo de ejemplo, se ha referido a la ampliación del aeropuerto de Valencia, la próxima inauguración de la autovía central y los accesos a Valencia, la llegada del AVE, las inversiones en cercanías y la apuesta por el corredor mediterráneo sobre el que ha adelantado que el Ministro de Fomento, José Blanco, vendrá a Valencia en octubre para explicar los detalles. “Todas estas inversiones mejorarán la competitividad y darán un impulso económico a Valencia”, ha apostillado.

Del mismo modo, ha subrayado “los 1.400 millones de euros que han llegado a la Comunitat a través del Fondo Estatal de Inversión Local y que supusieron la creación y mantenimiento de 67.000 empleos” o “las líneas ICO para pagar a proveedores”. En el ámbito social, ha subrayado el aumento del salario mínimo, el aumento de las pensiones y la protección del desempleo”, así como “la mejora evidente de la seguridad ciudadana, gracias a un incremento de efectivos sin precedentes” y “el descenso de fallecidos en accidentes de tráfico”.

Joan Calabuig ha reivindicado que el Gobierno socialista “ha creado el cuarto pilar del Estado del Bienestar a través de la Ley de Dependencia que pese al boicot, más de 66.000 ciudadanos la están recibiendo” y ha indicado que las becas para estudiantes “han seguido incrementándose estos años”. También ha destacado las reformas acometidas en beneficio de los autónomos para ampliar la cobertura en accidentes, enfermedades y las prestaciones de desempleo.

Además, ha precisado que los diputados socialistas han tomado iniciativas específicas en relación a la directiva europea sobre material pirotécnico, las gestiones para que las fallas sean reconocidas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que la profesión artista fallero forme parte de los estudios de Formación Profesional o la ampliación de las inversiones para el San Pío V.

A este respecto ha recordado que se ha ampliado la partida presupuestaria para rehabilitar la pinacoteca hasta los 4,5 millones y ha adelantado que “pese al boicot del Gobierno municipal, el Ministerio de Cultura tiene prevista una exposición sobre el siglo de oro de la pintura portuguesa”. En esta línea ha destacado la propuesta del Gobierno para “crear un consorcio junto con la administración valenciana para rehabilitar los teatros” o la “consolidación presupuestaria de una partida para las bandas de música”. Asimismo, ha recordado que los diputados localistas han promovido “enmiendas para el apoyo al valenciano y en concreto para Escola Valencia con valor de 200.000”.

Joan Calabuig ha advertido que la Generalitat “ha dejado perder en los últimos años más de 500 millones euros del Gobierno de España por rechazar convenios o incumplir su compromiso de cofinanciación”. En concreto ha perdido, entre otros, 276 millones en financiación para el transporte metropolitano al rechazar la firma de convenios, 17 millones por la deficiente gestión de la aplicación de la Ley de la Dependencia, más de 5 millones solo del primer convenio del Plan Educa 3 de creación de plazas escolares de 0 a 3 años y del que hay tres convenios más pendientes.

También ha perdido 87 millones del fondo de compensación territorial, por no haber ejecutado inversiones, 9’5 millones para dotación de bibliotecas, 15 unidades judiciales que la Generalitat ha rechazado por no poder atender su dotación y puesta en funcionamiento, 3 millones en ayudas directas a los damnificados por el incendio de l’Alcalatén, 22’9 millones solo en 2009 y 2010, por rechazar el programa Escuela 2.0 de dotación de ordenadores para la enseñanza obligatoria, 3 millones para el Plan de Rehabilitación de 450 viviendas del Cabanyal, que ha quedado sin efecto por incumplimiento y perderá 109 millones si se niega a aplicar el Impuesto de Patrimonio.

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