La Sindicatura respalda la reivindicación del Consell de una reforma urgente de la financiación y de la compensación de la deuda histórica

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha conocido hoy el informe anual de la Sindicatura de Cuentas referido al ejercicio de 2018 que el Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella, ha entregado a las Corts Valencianes. Entre las conclusiones que se extraen del informe, resalta, según el conseller, el respaldo de la Sindicatura de Comptes a la reivindicación del Consell de la necesidad de una reforma urgente del sistema de financiación autonómica.

En este sentido, el conseller destaca el hecho de que la Sindicatura advierta de que la "discriminación" financiera de la Comunitat Valenciana, que es la que motiva la inclusión de la partida de 1.325 millones en los presupuestos autonómicos, compromete el acceso de los valencianos a los servicios básicos como la sanidad, la educación o la dependencia en condiciones de igualdad con el resto de autonomías.

Asimismo, la Sindicatura alerta de que el endeudamiento acumulado, derivado en buena medida de esta infrafinanciación, "condicionará negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, salvo que se tomen medidas de resarcimiento de la infrafinanciación autonómica sufrida durante los últimos años".

Por otra parte, la Sindicatura de Comptes señala que si los fondos que actualmente recibe la Comunitat Valenciana a través de los mecanismos especiales de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), llegasen a través del sistema de financiación autonómico, no incrementarían el endeudamiento de la Comunitat Valenciana.

El informe subraya que estos mecanismos especiales incrementan la deuda, por lo que dificultan la consecución de los objetivos tanto de déficit como de endeudamiento, incidiendo en el normal funcionamiento de la Administración de la Generalitat. Aún así, el Síndic destaca en su informe de fiscalización el "cambio de tendencia" en el endeudamento de la Generalitat en porcentaje de PIB, que se ha reducido en 2018 por segundo año consecutivo.

"Falta de equidad"

Cucarella alerta en su informe de las "consecuencias negativas" que el actual sistema de financiación autonómico, caducado desde 2014, tiene sobre la Comunitat Valenciana en forma de "falta de equidad horizontal y vertical".

La Sindicatura especifica que los ingresos del sistema de financiación de los ejercicios 2014 a 2018 no han sido suficientes para cubrir las obligaciones reconocidas de los respectivos presupuestos, ni para cubrir el gasto presupuestario de naturaleza no financiera (excluyendo el servicio de la deuda).

Además asegura que teniendo en cuenta que el resto de ingresos no financieros obtenidos por la Generalitat tan solo representa un 5,9% del total, la Administración está abocada a cubrir el déficit presupuestario mediante el recurso al endeudamiento.

En concreto, el informe reconoce que en el ejercicio 2018 ha habido una disminución del 1,6% de los ingresos procedentes del sistema de financiación sobre el total de ingresos con respecto al ejercicio 2017, y que además estos ingresos cubren el 59% de las obligaciones de gasto, tasa que ha descendido en un 5,6% respecto de 2017.

Estos datos reflejan la necesidad de disponer de ingresos adicionales para alcanzar el gasto promedio por habitante del resto de las Comunidades Autónomas, tal y como además ha quedado contrastado en los diferentes informes económicos, emitidos tanto por instituciones públicas como privadas, así como por la propia Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de Financiación Autonómica, creada por el Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017.

Todos estos informes señalan que el déficit que padece la Comunitat Valenciana es producido por un modelo de financiación que la discrimina en los ingresos que le atribuye para gestionar los servicios que tiene transferidos.

El conseller de Hacienda ha manifestado que la Generalitat "está comprometida en asegurar que los niveles de prestación de servicios en la Comunitat Valenciana no sean diferentes, de forma relevante, del resto de comunidades, ya que servicios públicos como la educación, la sanidad o la dependencia, no solo están reconocidos y protegidos por la Constitución, sino que representan obligaciones irrenunciables para cualquier gobierno que quiera considerarse social y democrático".

"El sistema es injusto porque mantiene diferencias de hasta 800 euros per cápita entre la comunidad mejor financiada, que es Cantabria, con la peor financiada, que es la Comunitat Valenciana, para gestionar los mismos servicios", ha señalado Soler, quien ha añadido que "con una financiación similar a la cántabra, la Generalitat contaría con 4.000 millones más al año y, en consecuencia, hasta que se pueda reformar el sistema, los valencianos estamos moral y políticamente legitimados a aspirar a que nuestro gasto sea, como mínimo, similar al de la media de las comunidades autónomas".

Los acuerdos de Sanidad, "válidos" para la Abogacía

Por otro lado, sobre los acuerdos transaccionales alcanzados por la Conselleria de Sanitat con la anterior concesionaria de la atención sanitaria en la comarca de La Ribera (Ribera Salud II UTE) y con el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), la Abogacía de la Generalitat emitió un informe en el que se avala esta fórmula al considerar que la fórmula es "válida como medio de terminación de los procedimientos a los que se refiere".

Estos acuerdos transaccionales han supuesto un ahorro o han evitado reclamaciones por un importe conjunto de 13,4 millones de euros a favor de la Hacienda de la Generalitat. En el caso de los acuerdos suscritos con el IVO la suma alcanza un total de 2.730.639,17 a favor de la Administración valenciana. Respecto al acuerdo con Ribera Salud II UTE, la empresa desiste de su pretensión de reclamar 10.768.265,38 euros a la Generalitat.

En todo caso, la Administración valenciana analizará y, si procede, solventará aspectos del procedimiento que puedan ser mejorables atendiendo las sugerencias de la Sindicatura.

1.256 millones más para mejorar la Sanidad

Por otro lado, el informe de la Sindicatura acredita, mediante una estimación propia del gasto real, el incremento de recursos destinados a la mejora de la sanidad de los valencianos y valencianas por un importe de 1.256 millones en entre 2015 y 2018. "Desde el año 2015 se ha venido realizando un considerable esfuerzo en los sucesivos presupuestos aprobados por la Generalitat para incrementar el presupuesto de esta conselleria al objeto de mejorar las prestaciones de los valencianos y valencianas", ha recalcado Soler.

Por otra parte, para evaluar y mejorar con eficacia y eficiencia los gastos de la Conselleria de Sanidad, que es la que genera la partida más abultada de los presupuestos de la Generalitat, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realización el próximo año de una 'Spending review'. Soler ha manifestado al respecto que «llevaremos a cabo, de la mano de la AIReF, un proceso de revisión del gasto en Sanidad para mejorar su eficiencia, como ya se ha puesto en marcha en otras comunidades autónomas, también bajo la tutela de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal».

Ayudas del programa de promoción sociocultural

Sobre las observaciones técnicas realizadas por la Sindicatura al programa sociocultural de la Generalitat, se trata de unas subvenciones totalmente transparentes, incluidas en los Presupuestos de la Generalitat de cada ejercicio y que cuentan con sus normas reguladoras publicadas en el DOGV.

Estas subvenciones se tramitaron en su integridad con el aval de los servicios técnicos y económicos de la Generalitat, así como de los correspondientes informes de la Abogacía y de la fiscalización de la Intervención Delegada.
Es decir, son subvenciones bien concedidas de acuerdo con el procedimiento establecido y fiscalizadas.

En su informe, la Sindicatura hace unas observaciones meramente técnicas que fueron ampliamente aclaradas mediante las alegaciones presentadas, formuladas por un órgano técnico, en concreto, la Subdirección General de Coordinación y Organización.

Como ejemplo, entre las observaciones, se indica que con carácter general no se aporta por el beneficiario la declaración de no deducibilidad del IVA, cuando, como se explicó, afectan a entidades sin ánimo de lucro a las que en todo caso en el futuro se les pedirá una declaración responsable.

Sobre la falta de sello en un documento de justificación, se aclara que la mayor parte de las facturas son electrónicas, por lo que el sellado no se considera operativo.

Respecto a la justificación de gastos con posterioridad a la finalización del plazo para hacerlo, se acreditó ante la Sindicatura que por un retraso en la publicación de la orden de concesión de la ayuda, quedó un periodo de tiempo muy escaso, por causa no imputable al beneficiario. Concretamente, de solo 5 días. Por ello se optó por flexibilizar este plazo; no obstante, la Sindicatura no ha considerado modificar su informe.

Otra observación alude a que un porcentaje de una ayuda se destinó a gastos protocolarios o de restauración. La Generalitat aportó un certificado de la entidad beneficiaria acreditando que las facturas se corresponden con el objeto subvencionado y, en todo caso, atiende la observación para que en 2019 este tipo de gastos no superen el 15% del importe subvencionado.

Ausencia de responsabilidad contable

El informe de la Sindicatura certifica, según el conseller Soler, que no hay ningún caso en que se haya incurrido en responsabilidad contable por parte de la Generalitat. Soler ha indicado que puede haber procedimientos mejorables y la conselleria está empeñada en un esfuerzo permanente por reforzarlos, pero queda claro que no ha habido ningún mal uso de los recursos públicos, a diferencia del pasado, cuando los informes de la Sindicatura relataban o anticipaban los casos de corrupción que aún están juzgándose en los tribunales.

Recomendaciones ya atendidas

El informe de la Sindicatura también alude a las recomendaciones ya atendidas como las referidas a las ayudas a comedores escolares, sobre lo cual la Conselleria de Educación ha adoptado medidas para mejorar las debilidades de control interno; la contabilización de los elementos de inmovilizado facturados por Ciegsa en ejercicios anteriores; así como la recepción de los centros docentes de educación infantil, primaria y especial entregados por Ciegsa y su posterior cesión a los ayuntamientos.

En cuanto a los informes de la Intervención General de la Generalitat (IGG) de las modificaciones presupuestarias, se observa una mejora en la función interventora que, a diferencia del ejercicio anterior en que se efectuaba mediante un sello, en 2018 se realiza mediante la emisión de un informe por parte de la Dirección General de la Intervención.