Signes pide la liberalización parcial de tramos de la AP-7 de municipios afectados por obras
El secretario de Infraestructuras y Sostenibilidad del PSPV-PSOE, Francesc Signes, ha presentado una proposición no de ley para que se proceda a la liberalización parcial de algunos tramos de la autopista AP-7, que actuarían como circunvalaciones, en aquellos municipios afectados por obras en la N-332 en las provincias de Alicante y Valencia y en la N-340 en la provincia de Castellón. Al respecto, Signes ha hecho hincapié en el hecho de que “el Gobierno de España planificó la realización de estas obras para mejorar y ampliar la capacidad de la carretera N-332 en las provincias de Alicante y de Valencia, y de la carretera N-340 de la provincia de Castellón. Sin embargo, estas obras siguen retrasadas por la falta de dotación económica en los presupuestos del Estado de 2012 y 2013”, lo que produce importantes “embudos” que en fechas de elevado tráfico, como es la Semana Santa, se hacen mucho más patentes.
Igualmente los socialistas han pedido a la Generalitat que se dirija al Gobierno de España para que éste proceda a la supresión de aumento del peaje de la AP-7 y proponen recuperar e imponer los descuentos y bonificaciones aprobados conjuntamente con la prórroga de la concesión que finaliza en 2019. Signes ha destacado que el aumento del 8% del peaje “ha supuesto un perjuicio para los empresarios del sector turístico de la provincia de la Alicante y de la Comunidad en general”. Al respecto, ha remarcado que “este hecho que afecta a la competitividad del sector, se hace extensivo también a otros sectores de la economía alicantina, especialmente en las comarcas de la Marina Alta y Baja, ya que no hay vía alternativa para el transporte de productos agroalimentarios o industriales de sus pueblos y negocios”.
Liberalización completa en 2019
Además, el PSPV reclama que la liberalización completa de la AP-7 se produzca en 2019. En este sentido, el también diputado socialista, ha recordado que la concesión de la AP-7 expiraba en el año 2006, pero el Gobierno central la amplió hasta 2019 “lo que supuso restar competitividad a nuestras comarcas costeras durante trece años más”. A esto cabe sumar que “esta prórroga incluyó una rebaja de tarifas y bonificaciones para uso habitual que, en este momento, ha desaparecido”. Signes ha insistido que esta obra “ya está amortizada, por lo que la empresa concesionaria no necesitaba ningún incremento de ingresos para su mantenimiento ni para mantener puestos de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que se están sustituyendo trabajadores por máquinas de cobro y, por tanto, ya se está reduciendo el personal en lugar de crear empleo”.
