Signes: “González Pons está totalmente desautorizado para emitir juicios de valor sobre la veracidad de los papeles de Bárcenas”
El diputado socialista asegura que González Pons, “siempre ha sabido favorecer a sus amigos y agradecer los servicios prestados”, y recuerda que la empresa Sedesa obtuvo adjudicaciones, cuando él era conseller, “a pesar de no ser la oferta mejor valorada”
El portavoz de Infraestructuras y Medio Ambiente, Francesc Signes, ha recordado que el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, “está totalmente desautorizado para hablar del caso Bárcenas dadas sus relaciones personales con el actual presidente de Les Corts, Juan Cotino, y con la empresa Sedesa Obras y Servicios S.A”. “Si algo está más que demostrado es que González Pons ha sido una persona dispuesta a favorecer a sus amigos y que siempre ha sabido agradecer adecuadamente los servicios prestados”, ha asegurado.
Signes, que se ha referido así ante las declaraciones de Gónzalez Pons sobre los ‘papeles del caso Bárcenas’ y que apuntan a la empresa de la familia de Juan Cotino como una de las que presuntamente realizó donaciones, concretamente en 2004 un pago de 200.000 euros para la financiación “en negro” del Partido Popular, ha insistido en que, “hace ya mucho tiempo que González Pons quedó totalmente desapoderado para emitir juicios de valor respecto a las relaciones de esta empresa valenciana”.
En este sentido, Signes ha recordado que el PSPV ha denunciado en numerosas ocasiones esta “larga y por lo que se ha demostrado fructífera relación entre los dirigentes del PP, en este caso González Pons y la empresa Sedesa, casualmente perteneciente a los familiares del actual presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino”. Una empresa que ha sido adjudicataria, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, de contratos administrativos otorgados por la Generalitat por cantidades cercanas a los 900 millones de euros.
“Unas adjudicaciones sobre las que siempre ha planeado la duda de su legalidad y en las que estuvo directamente implicado el por entonces, conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons”, ha denunciado Signes. Así el diputado socialista ha recordado que en 2012 el grupo socialista denunció la existencia de “dudas más que razonables” sobre varias ilegalidades presuntamente cometidas en los procesos de contratación de la Administración Valenciana con el grupo Sedesa, que casualmente fue la adjudicataria de obras, en concreto 105 viviendas en régimen de alquiler en la localidad de Pilar de la Horadada por un precio de algo más de 6 millones de euros, a pesar, - ha puntualizado Signes-, “de no ser la oferta mejor valorada”.
Unos hechos que ocurrieron en 2006 cuando González Pons era el máximo responsable de la empresa pública IVSA, que a su vez dependía de la Conselleria de Territorio y Vivienda de la que era el conseller. Para Signes se trata de una “sorprendente adjudicación”, ya que ha insistido se realizó “a pesar de que su propuesta fue la tercera en el orden de puntuación, según la mesa de contratación, y sin que en ningún caso se justificase cual fue el criterio seguido por dicho organismo público de la Generalitat para asignarle el contrato a esa empresa”.
Para Signes este ha sido y sigue siendo el ‘modus operandi’ del PP en la Comunitat y de sus responsables políticos, porque tal y como ha señalado, “el pago de favores de González Pons a sus más fieles colaboradores no acabó ahí”. Así ha recordado que otra de las piezas de esta trama de favores está en el gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda, Felipe Espinosa Bolaños, que fue quien elevó la propuesta de contrato con Sedesa para la promoción de las viviendas en Pilar de la Horadada cuya adjudicación fue firmada por Gonzalez Pons y que casualmente pasó a ser director general de la empresa pública Vaersa que también dependía de la Conselleria de Territorio y Vivienda y que mantuvo en el cargo, Juan Cotino, cuando se hizo responsable de la misma”, ha señalado Signes. Un señor, ha puntualizado Signes, que saltó a por primera vez a la ‘fama’ al tener que declarar como testigo en dos de los escándalos más importantes de la etapa del gobierno de Eduardo Zaplana en el conocido caso IVEX.
Pero además, tal y como ha destacado el diputado socialista, son numerosas las irregularidades que acechan a esta empresa (Sedesa) investigada dentro de la “trama” de financiación del PP valenciano por diversas contrataciones y aportaciones realizadas, en el conocido como ‘caso Gürtel’ y que según informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) conocidos durante los años 2011 y 2012 empresas y fundaciones del Grupo Sedesa pagaron 150.681 euros a Orange Market por supuestos servicios que esta firma nunca prestó.
