Signes: “El Consell incurrió en la inconstitucionalidad para solucionar el problema que había generado en el vertedero de Dos Aguas”

El portavoz socialista de Medio Ambiente en Les Corts, Francesc Signes, ha asegurado hoy que la modificación “a escondidas” de la ley forestal que el PP realizó a través de la denominada ley de acompañamiento en diciembre de 2011, porque “no se atrevía a plantear el debate en Les Corts”, tenía como primer objetivo “dar una solución urgente al problema creado por su nefasta gestión de los residuos urbanos de Valencia”. Al respecto, ha recordado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anuló la ampliación del vertedero de Dos Aguas por afectar a terrenos que habían padecido un incendio pocos años antes. Así, ha subrayado que esta modificación “camuflada” contradice la ley estatal de montes, aprobada por el Gobierno socialista en 2006, que establece que no se puede reclasificar las montañas afectadas por incendios estatales; “además de ser inconstitucional tal y como ha reconocido el propio gobierno de Rajoy”, ha destacado.

Signes, que ha intervenido en la defensa de la proposición de ley del PSPV en el pleno de les Corts Valencianas que pide que se anule la modificación aludida que permitía a la Generalitat establecer excepciones –para proyectos de “especial relevancia”- a la aplicación de la norma estatal, ha insistido en que “el Consell sabía que esta modificación era inconstitucional”. Ante esta situación, el Gobierno de Rajoy planteó en 2012 un procedimiento de negociación entre las dos administraciones, iniciándose un proceso que ha calificado de “pasteleo” entre el Gobierno valenciano y el central que ha tenido como único fin “salvar la cara” al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

En esta línea, ha indicado que mientras el Gobierno central “gana tiempo” para preparar la nueva ley de montes que, ha advertido, pretende dejar “a criterio de cada comunidad autónoma” la posibilidad de establecer excepciones al cambio de uso de zonas forestales quemadas, el Consell ha podido incluir por la vía de urgencia “los acuerdos que le interesaban”. De esta manera se produce la ampliación del vertedero de Dos Aguas, que se encontraba superando el límite de su capacidad en suelos forestales que habían resultado afectados por los incendios de los últimos decenios y que con la ley estatal vigente resultaban especialmente protegidos frente a cualquier cambio de uso.

Por todo ello, Signes ha afirmado que “se cambia la ley para solucionar el problema que el propio Gobierno valenciano había creado al permitir ocupaciones del vertedero de Dos Aguas” de terrenos que se habían quemado, con lo que, ha agregado, “se consigue salvar los sobrecostes de una actuación irregular presupuestada inicialmente en 12 millones de euros que acabó costando 21 millones y que han tenido que pagar todos los valencianos con la aplicación de la famosa tasa Tamer”.

En este sentido, ha manifestado que “al final con el PP volvemos siempre al mismo punto, la toma decisiones públicas para defender intereses privados difícilmente confesables y que acaban pagando los ciudadanos con sus impuestos”.

Por último, el diputado ha alertado de que esta actuación “es un ejemplo más” de las políticas del PP “de ataque a la protección de los valores naturales, tal como evidencia la nueva ley de costas” al tiempo que “confirma la voluntad depredadora de la derecha valenciana en la explotación de los recursos ambientales”.

Patfor

El también portavoz socialista de Infraestructuras en Les Corts ha valorado la publicación hoy en el Diario de la Comunitat Valenciana (DOC) del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (Patfor), aprobado recientemente por el pleno del Consell. Al respecto, ha asegurado que “se inicia sin financiación y abre la puerta a la privatización de los montes públicos” al tiempo que ha lamentado que los 15 años de plazo que se dan para desarrollar este plan es “un tiempo excesivo”. En su opinión, el Gobierno valenciano “pretende regalar la gestión de la montaña pública a privados y, ya que, la Generalitat no tiene recursos para ocuparse de los montes cede a empresas privadas esta gestión”.