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ERES de Vaersa y AVM

Signes: “Bonig debería meditar su continuidad al frente de la conselleria”

    El portavoz de Infraestructuras del PSPV, Francesc Signes, ha asegurado que la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, “debería meditar su continuidad al frente de la Conselleria” tras conocerse que el Tribunal Supremo ha invalidado los ERES que afectan a Vaersa y la Agencia de Movilidad Valenciana (AMV), declarando no ajustado a derecho el primero y nulo el segundo. Por este motivo, Signes ha reconocido que “la gestión de Bonig se está convirtiendo en una caja de sorpresas muy negativa”, y ha recordado que la situación actual se debe a “actuaciones contradictorias y dudosas de dos entidades que dependen de su Conselleria”.

    En este sentido, el diputado socialista en les Corts ha querido destacar el importante papel que juega Bonig en estos procesos, primero con “los escándalos del demoledor Informe de Control Financiero de 2011 sobre las encomiendas de gestión a Vaersa, elaborado por el viceinterventor general” y después a través de la imputación del director general de esta empresa pública por malversación de fondos, tras la cual “Bonig no procedió a su destitución como presidenta del Consejo de Administración de Vaersa”. Por todo ello, Signes ha asegurado que “la consellera se está convirtiendo en cómplice de todas estas irregularidades”, y que con cada día que pasa “las sombras de la sospecha se ciernen más sobre ella”.

    Además, el portavoz de Infraestructuras del PSPV también ha recordado que tanto la readmisión de los 31 trabajadores de AMV como la recontratación de los empleados de Vaersa “comportarán grandes indemnizaciones a los trabajadores ante una caja vacía de la Generalitat”. Por último, ha querido recalcar que a pesar de que la sentencia del Supremo no confirma la nulidad del ERE de Vaersa, “el contrasentido que supone el despido de los trabajadores de las encomiendas de gestión, y su nueva contratación tras ejecutar el ERE, lleva a pensar al Supremo que no están suficientemente garantizadas las causas económicas y organizativas argumentadas en su momento por la Conselleria”.

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