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Serra: “El Gobierno tiene sin licitar desde 2006 ocho actuaciones del Protocolo de Carreteras que superan los 835 millones de euros”

  • Asegura que Zapatero castiga una vez más a los valencianos por haber elegido un gobierno autonómico del Partido Popular

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, David Serra, ha denunciado hoy que el Gobierno central “tiene sin licitar desde 2006 y 2007 un total de ocho actuaciones incluidas en el Protocolo de Carreteras 2005-2010 y que suman una inversión de 835 millones de euros. Esto demuestra, una vez más, la dejadez que tiene por mejorar las carreteras de la Comunitat Valenciana”.

Las actuaciones paralizadas por parte del Gobierno en la provincia de Castellón son la N-238 Vinarós-Ulldecona, la N-232 acondicionamiento de la travesía Masía de la Torreta-Morella Sur así como la N-340 autovía variante Benicàssim-Orpesa. Su inversión total asciende a 114 millones de euros.

Por lo que respecta a la provincia de Valencia, la inversión que debe hacer Fomento es de 721 millones de euros y recoge actuaciones tan importantes como la A-7 Circunvalación exterior de Valencia, que requiere 567 millones, la N-330 supresión del puerto de la Chirrichana Cofrentes, la N-330 variante de Ayora, la N-332 Tr. Favara-Xeresa y la N-332 variante de Xeraco.

Serra ha destacado la urgencia de estas actuaciones ya que entre ellas “se cuentan algunas de las carreteras que sufren graves problemas de saturación en época estival, con claros efectos sobre la calidad de la oferta turística de la Comunitat y sobre la seguridad vial de la red de carreteras”.

Asimismo ha recordado que, coincidiendo con el periodo electoral de 2008, el Ministerio dio durante la primera mitad del año un fuerte impulso al Protocolo de Carreteras. “Sin embargo, ya una vez instalado en el poder parece que ha olvidado sus compromisos y está incumpliendo con los calendarios previstos”.

Para el portavoz de Infraestructuras popular, la caída de inversiones viarias demuestran “la falta de interés por parte del Gobierno central por la Comunitat Valenciana”. De esta manera, “Zapatero castiga una vez más a los valencianos por haber elegido un gobierno autonómico del Partido Popular, sin tener en cuenta que él debe ser el presidente de todos los españoles, tanto para los que le han votado como para los que no lo hicieron”.

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