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Segorbe solicita al Fiscal General del Estado que depure responsabilidades entre el Gobierno de Zapatero por las preferentes

Segorbe solicita al Fiscal General del Estado que depure responsabilidades entre el Gobierno de Zapatero por las preferentes
  • “Pondrá al servicio de los afectados asesoramiento jurídico gratuito”

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Segorbe solicita al Fiscal General del Estado que depure responsabilidades entre el Gobierno de Zapatero por las preferentes - (foto 2)

El Grupo Municipal Popular presentó en el Pleno del pasado miércoles una enmienda a las mociones propuestas por el Grupo Municipal Socialista y Grupo Republicano.

Los primeros pretendían que el Ayuntamiento presentara una querella a Bancaja por la colocación de participaciones preferentes y subordinadas, cuando dos informes jurídicos desmontaban esta acción política por considerar que los Ayuntamientos no pueden ejercer la acción popular. Por su parte, el Partido Republicano planteaba una serie de instrucciones que no concretaban ninguna medida que diera solución a los problemas que tienen las personas que se encuentran atrapadas por estos productos financieros.

La moción que únicamente fue aprobada por los votos de los populares, dice:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La emisión de participaciones preferentes se popularizó en el tramo minorista, en el año 2008 siendo José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno de España; el Sr. Pérez Rubalcaba, Vicepresidente, la Sra. Salgado, ministra de Economía, el Sr. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España, y el Sr. Segura, Presidente de la CNMV. Todos ellos pertenecientes al Gobierno socialista o propuestos por el PSOE.

Estas participaciones han supuesto que miles de pequeños ahorradores españoles se vean atrapados, ya que confiaron en este producto financiero que escondía en su letra pequeña unas condiciones resolutorias muy dañinas.

El pasado 21 de mayo de 2103 la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dio cuenta en el Congreso de los Diputados del Informe de sobre la Comercialización de los instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada, en él se revela que entre 2008 y hasta 2012, cuando con el cambio de gobierno se adoptan las oportunas decisiones, hubo 6.212 millones de euros en preferentes con algún tipo de incumplimiento de la normativa vigente.

Nueve de los 13 actuales grupos financieros han sido o serán expedientados, aunque el número de entidades es más elevado ya que en la mayor parte de los grupos son varias las entidades afectadas por los expedientes sancionadores.

Las entidades financieras expedientadas suman un total de 22 incumplimientos relativos a cuatro cuestiones; la colocación sin valorar la conveniencia, la incorrecta valoración de la conveniencia o idoneidad del producto para el cliente, la inadecuada gestión de conflictos de interés y la deficiente información.

El informe de la comisión destaca “que la finalidad de los expedientes sancionadores es fundamentalmente conseguir disciplina de mercado, de manera que las malas prácticas no se reiteren en el futuro”. “Se carece de capacidad legal para obligar a las entidades supervisadas a compensar los daños eventualmente producidos por una deficiente comercialización, algo que según nuestro sistema jurídico solo pueden hacer los tribunales ordinarios de justicia”, explica el documento.

Los gestores de la totalidad de los bancos y cajas de ahorros necesitados de recursos, se vieron animados por el Banco de España a colocar esta emisión de participaciones preferentes con la finalidad de sanear las cuentas de las entidades financieras y con ello maquillar el grave desastre económico que nos encontrábamos por la mala gestión del gobierno socialista.

Esta operación ha dado por resultado la pérdida parcial del capital invertido en estas participaciones, produciéndose un generalizado aquellos clientes que por su cultura financiera se dejaron aconsejar por los gestores bancarios donde tenían sus ahorros.

Desde el gobierno del presidente Rajoy se han aprobado tres soluciones:

a) Cumplimiento estricto de la ley para asegurar que este caso no vuelva a ocurrir a minoristas

b) Aliviar el problema de todos los afectados.

c) Que se depuren responsabilidades de los culpables.

PROPUESTA DE ACUERDO

Por todo ello el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Segorbe presenta para su aprobación por el Pleno Municipal, el siguiente acuerdo:

Primero.- Solidarizarnos con los afectados por las participaciones preferentes y ofrecerles desde este ayuntamiento dependencias y apoyo material y humano para su justa causa.

Segundo.- Manifestar la máxima repulsa municipal a comportamientos como los que han originado la actual situación, y en toda la cadena de responsabilidades desde las más altas instancias hasta el último responsable de su comercialización.

Tercero.- Solicitar a la CNMV que lleve su investigación hasta las últimas consecuencias frente a aquellas entidades que hubiesen podido incumplir la normativa vigente referente a preferentes y deuda subordinada.

Cuarto.- Pedir al Gobierno de España que mantenga las actuales limitaciones a la comercialización minorista de preferentes y que siga el cumplimiento de las medidas aprobadas, con la finalidad de que los ciudadanos afectados por las preferentes recuperen sus ahorros.

Quinto.- Instar a la Fiscalía General del Estado que realice cuantas investigaciones sean necesarias para que se depuren responsabilidades, si las hubiese, al Gobierno del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y en concreto a la Ministra de Economía, Elena Salgado, así como al gobernador del Banco de España, Sr. Fernández Ordóñez y al presidente de la CNMV, Sr. Segura, ya que todos ellos por acción u omisión autorizaron la colocación de dicho producto financiero, animando a las entidades bancarias a venderlo entre sus clientes, actuando de forma irresponsable y oscurantista en la recapitalización de la banca, todo ello para ocultar la grave descapitalización que tenía el sector bancario y no reconocer públicamente la necesidad del rescate a través del Banco Europeo.

Sexto.- Llegar a un acuerdo con un Bufete de abogados expertos en asuntos financieros que ante el inminente dictamen del Arbitraje por parte de las entidades financieras a los clientes afectados, puedan asesorarles sobre la conveniencia de aceptarlo o emprender acciones judiciales.”

Los populares lamentan que "después de tanto ruido que han realizado socialistas y republicano no hayan apoyado esta serie de acciones que para nosotros en estos momentos son importantísimas y cruciales para estos ahorradores".

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