Segorbe instara al Gobierno a modificar la Ley hipotecaria con el fin de regular la dación en pago y evitar los desahucios

El Alcalde de Segorbe presentó el pasado Pleno una moción para instar al Gobierno del Estado a modificar la Ley hipotecaria con el fin de regular la dación en pago y adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos.

La propuesta de acuerdo que desde la Alcaldía se presentó para su debate en el Pleno fue, en líneas generales, el siguiente:

Dada la situación de crisis y el aumento de paro que padecemos, son muchas las familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas, suponiendo este hecho que los bancos y cajas las ejecuten. El Consejo General del Poder Judicial prevé que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000 ejecuciones hipotecarias.

Cuando se dan estos casos, los bancos pasan a subastar las viviendas ejecutadas, pero en el actual contexto de crisis, las mismas quedan desiertas. En estos supuestos, las entidades financieras se adjudican las viviendas por el 60% del valor de la tasación y siguen reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación e insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.

Esta legislación que permite este tipo de adjudicaciones no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.

Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario., y que con ello se vulnere el actual marco jurídico, como por ejemplo el derecho a una vivienda digna y adecuada, tal y como establece la Constitución Española.

Todo lo expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los Ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los Ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.

Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas a realizarse tanto profesional como familiarmente.

Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aún más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los Ayuntamiento tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal.”

Por todo ello, el Pleno por unanimidad de todos sus miembros, y dada la actual situación económica acordó:

Primero.- Pedir al Gobierno de España que apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía, así como a la Plataforma de afectados por la Hipoteca.