3 de junio de 2020 3/6/20

El Ayuntamiento de Segorbe solicita una aclaración de sentencia‏

El Ayuntamiento de Segorbe solicita una aclaración de sentencia‏ - (foto 1)

    El Ayuntamiento de Segorbe ha solicitado una aclaración de sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana, en el Juzgado de lo Contencioso, que ha dictado sentencia favorable al Recurso en apelación presentado por Francisco Ardit en representación de la Asociación de Vecinos del S-1, sobre la retasación de cargas al proyecto de urbanización de dicho sector urbanístico.

    Recordar que hasta ahora el Juzgado de lo Contencioso en Primera Instancia había dictado Sentencia favorable hacia el Ayuntamiento basándose en la ilegitimidad de representación de dicha asociación por carecer de los acuerdos y documentación necesarios que diesen validez legal para presentar dicho recurso.

    La sentencia dictada al recurso de amparo por dicho tribunal no entra en valorar la legitimidad del recurrente y entra en enjuiciar dicha retasación.

    El Tribunal concluye que el Ayuntamiento ha retasado en un 70% del valor del Programa de Actuación Integrada del proyecto de urbanización que cifra en unos 800.000 € y la retasación en 600.000 euros muy por encima del 20% máximo que legalmente tiene establecida la legislación urbanística.

    Asimismo el texto de la sentencia dice que el Ayuntamiento no respetó los derechos de los propietarios al no informarles de dicha retasación.

    Desde el equipo de gobierno se muestran sorprendidos por dicha sentencia y sus conclusiones por varias razones:

    a) "¿Cómo es posible que un Tribunal en apelación reconozca la legitimidad de un recurrente que en sentencia anterior se demuestra no haber cumplido con los preceptos legales para erigirse el representante legal de los propietarios de una urbanización para presentar un Recurso? Asimismo dicho Tribunal declara nulos los acuerdos tomados por esa asociación al no considerarla legalmente constituida. Por lo tanto, ¿cómo puede atenderse un Recurso proveniente de una representación ilegal?"

    b) "La sentencia se basa en un error fundamental, el Presupuesto del Programa de actuación Integrada que utiliza de 800.000 euros cuando realmente se adjudicó sobre 5.000.000 de euros por lo tanto el porcentaje de la retasación no es del 70% como dice el Tribunal sino del 12% muy lejos del que la Legislación Urbanística marca como máximo legal que es un 20%".

    c) "El Ayuntamiento remitió el acuerdo de retasación a todos los propietarios y así consta en el expediente los recibos de los certificados de los envíos, por lo que no se vulneró ningún derecho de información, además se mantuvo una asamblea general donde se les dio conocimiento pormenorizado de dicha retasación. Resaltar que fueron la mayoría de los propietarios los que solicitaron que el urbanizador rebajara sus parcelas a nivel de la calle, ya que se quedaban a un nivel superior, produciéndose un agravio comparativo con otros propietarios que se quedaban a dicho nivel, esto supuso una retasación de 300.000 euros. Además la Comunidad de regantes exigió un diámetro superior de la acequia que atraviesa subterráneamente dicha urbanización e Iberdrola modificó el número de CTS y la potencia de la zona, todo ello a posteriori de la adjudicación de la obra lo que supuso otros 300.000 euros".

    “Es por ello que nos encontramos ante unos datos erróneos que el Tribunal ha tomado equivocadamente a la hora de redactar la sentencia, ya que las cifras manejadas por el Tribunal para dictar sentencia no se ajustan a la realidad y en el expediente de la urbanización están perfectamente aclarados. ¿Cómo una urbanización de cerca de 200.000 metros cuadrados puede costar 800.000 euros? Más bien parece más racional que su precio esté en los 5.000.000 de euros, como así fue”.

    “Es por ello que encontrándonos en última instancia y sin posibilidad de poder presentar recurso alguno hemos solicitado al Tribunal una aclaración de sentencia donde vamos a pedir su nulidad en base a la aclaración de esos datos erróneos”.

    “No podemos tolerar ni admitir que el pueblo de Segorbe pague unas obras que se ejecutaron en dicha urbanización y que fueron debidamente motivadas y que en ningún momento sobrepasaron los límites legales y se garantizó la información y los derechos de los propietarios que se han visto beneficiados de dichas mejoras”.

    “Esperamos justicia de este tribunal que como ya hemos explicado ha basado su sentencia en un error de cifras y datos y anule dicha sentencia”.

    “Desde el grupo municipal del PP, seguiremos defendiendo el interés general de la ciudad de Segorbe por encima de los particulares y políticos que seguro aparecerán”.

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