El juzgado falla a favor de Compromís en la demanda contra el Parque Empresarial
El juzgado no 2 de Alicante ha echado atraÌs el desarrollo del Parque Empresarial respaldando el recurso presentado por el grupo municipal CompromiÌs contra l’Ajuntament de Sant Joan, por no haber elaborado un estudio econoÌmico financiero que avalara el proyecto.
La resolucioÌn pone de manifiesto la falta de responsabilidad y gestioÌn del equipo de gobierno local, poniendo en peligro una vez maÌs los recursos puÌblicos. Y es que CompromiÌs lleva desde 2002 rechazando este macroproyecto debido a la falta de seriedad en el proceso, la ausencia de iniciativa privada interesada en este sector y la falta de estudios econoÌmicos imprescindibles con una previsioÌn rigurosa de los riesgos que pueda suponer estas actuaciones a las arcas puÌblicas.
El Programa de ActuacioÌn Integrada PAI, el Plan Parcial y el Proyecto de UrbanizacioÌn del Parque Empresarial se aprobaron en abril de 2021 con los votos de VOX, PP, Ciudadanos y PSOE, siendo rechazado por Podemos y CompromiÌs. Este uÌltimo ya informoÌ que tomariÌa medidas legales por identificar serias irregularidades y no fundamentar su viabilidad, valorando la operacioÌn como “otra especulacioÌn urbaniÌstica maÌs propia de la burbuja inmobiliaria, que no se adecuÌa a la realidad econoÌmica y social de Sant Joan”.
De esta manera, el portavoz de CompromiÌs, Sergio Agueitos, interpuso un recurso en el juzgado de lo contencioso administrativo no 2 de Alicante contra el consistorio en junio 2021, impugnando la resolucioÌn que aprobaba el desarrollo del PAI del Parque Empresarial debido a la inexistencia del estudio econoÌmico financiero. Un documento de obligatoria presentacioÌn que debe prever el coste de ejecucioÌn y las fuentes de financiacioÌn de la intervencioÌn, y que ha de demostrar la viabilidad econoÌmica de la misma, como el mantenimiento de las infraestructuras o la prestacioÌn de servicios.
Ya en 2014, la formacioÌn presentoÌ alegaciones en la primera exposicioÌn puÌblica del programa en las que se apuntaba la falta de dicho estudio, al igual que en 2018 con la segunda exposicioÌn, pero el Ajuntament hizo oiÌdos sordos y las rechazoÌ todas. Por aquel entonces, Agueitos puso en evidencia la obsolescencia del proyecto, ya que casi 20 anÌos despueÌs del inicio del desarrollo del plan, los riesgos a asumir por parte del consistorio eran mayores y no se habiÌan ni siquiera planteado.
AdemaÌs, en las alegaciones se incluiÌan aspectos que no estaban correctamente planteados en el Plan Parcial como el Plan de Movilidad, que no contemplaba ni la perspectiva de la accesibilidad universal ni la movilidad urbana sostenible, sin una propuesta aprobada por la Conselleria sobre la liÌnea de transporte puÌblico que accediera al sector y dejando sin contemplar tambieÌn las conexiones peatonales o ciclistas, incumpliendo de esta forma la ley 6/11 de movilidad de la CV.
La inexistencia del estudio econoÌmico ha sido clave para que ahora el tribunal haya fallado a favor de CompromiÌs. Por su parte, el Ajuntament de Sant Joan se ha escudado con el informe de sostenibilidad econoÌmica (documento diferente y que no debe confundirse con el estudio) que incluso es insuficiente, pues solo describe las opciones de retribucioÌn de los propietarios sin un estudio o anaÌlisis de mercado actualizado que atendiese a posibles problemas en la financiacioÌn. Tampoco incluye ninguna valoracioÌn ni justificacioÌn de la inversioÌn por parte de las arcas puÌblicas, ni su sostenibilidad desde el momento de su puesta en marcha.
Desde CompromiÌs se ha denunciado desde el primer momento todos estos elementos que han generado escasa fiabilidad y una imposibilidad en su desarrollo, incluso advirtioÌ en su diÌa que la empresa municipal PYCSA no podriÌa hacerse cargo de las actuaciones urbaniÌsticas del plan por sus limitaciones (avalado por el informe de IntervencioÌn en 2020.
La apuesta de CompromiÌs siempre ha ido vinculada a incentivar alternativas al sector de la innovacioÌn, sin necesidad de urbanizar los casi 700.000 metros cuadrados de Fabraquer que tendriÌa como resultado la destruccioÌn de un espacio dedicado tradicionalmente a la Huerta. Asimismo, ha solicitado los informes clave para su desarrollo a lo largo de los anÌos, como el mencionado estudio econoÌmico, pero tambieÌn una evaluacioÌn del impacto social, de geÌnero y ambiental, asiÌ como una especial atencioÌn a la proteccioÌn de la zona debido a los restos arqueoloÌgicos que han aparecido por la zona y la proteccioÌn de los elementos que puedan ser de intereÌs patrimonial, como los caminos histoÌricos o las acequias.
La coalicioÌn lleva anÌos defendiendo un modelo econoÌmico para Sant Joan desvinculado del desarrollismo, la economiÌa del ladrillo o la especulacioÌn. No obstante, lamentan que el PSOE haya seguido los pasos del PP en la gestioÌn urbaniÌstica, apostando por cementar todo el suelo y proponiendo proyectos majestuosos inviables, aun teniendo el rechazo de propietarios y vecinos de la zona. “Esta sentencia debe ser un punto de inflexioÌn en la gestioÌn de nuestro territorio. Es el momento de que el resto de grupos trabajen por un modelo sostenible, que no hipoteque Sant Joan ni su futuro”, afirma Agueitos.