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Santamaría: “Todos los expertos coinciden en la falta de rigor jurídico de la Ley de la Agencia Antifraude”

    El secretario general del GPP en Les Corts, Luis Santamaría, ha afirmado hoy que “todos los expertos coinciden en la falta de rigor jurídico de la Ley de la Agencia Antifraude”.

    Santamaría ha hecho esta reflexión en la comisión de Economía, en la que se han sucedido comparecencias en la fase de participación ciudadana para la elaboración de la propuesta con expertos en Derecho Constitucional Derecho Administrativo y catedráticos de universidad. El diputado popular ha señalado que el GPP “comparte el fondo de la propuesta, pero a día de hoy está muy inmadura”.

    “Los expertos han coincidido hoy en su opinión con la postura que mantiene el GPP, y es que este Proyecto de Ley no cuenta con los informes jurídicos necesarios para garantizar que no se vayan a producir arbitrariedades y vulnerar derechos, así como que no se vayan a producir injerencias en las competencias de otras instituciones como la Fiscalía o los Tribunales”, ha explicado.

    “Con su opinión, los expertos han refrendado la opinión del GPP, que pidió que esta norma se tramitara como Proyecto de Ley para que de esta forma contara con los informes de la Abogacía de la Generalitat y del CJC”.

    Santamaría ha señalado que “sería un enorme error que por primar un debate político la norma que salga de esta Cámara no tenga un rigor jurídico y se haga inviable su aplicación. Insistimos en que desde el GPP nos parece una norma razonable, pero es precipitada y a día de hoy tiene poco rigor jurídico que genera dudas a pesar de que compartamos la filosofía”.

    Santamaría ha instado a solicitar informes de las instituciones que pudieran verse afectadas y ha alertado de que se habla de numerosos “conceptos jurídicos indeterminados” y ha llamado la atención sobre la regulación “excesiva del ámbito sancionador, ya que hoy se necesitan informes del Consell Jurídic Consultiu pero, si se incluye en la Ley, ya no haría falta el CJC”. Por último, ha planteado la duda de “qué mecanismos hay para controlar a quienes nos controlan” y “cómo se procederá a la provisión de puestos”.

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