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Santamaría denuncia que la Ley de la Huerta es una “dictadura agrícola”

    . El Partido Popular ha tildado hoy de "dictadura agrícola" la Ley de la Huerta porque entre su articulado permite la expropiación de explotaciones agrícolas al tiempo que prevé una bateria de tasas que asfixiará a los agriculores, según ha explicado el diputado del GPP, Luis Santamaria.

    Así, el diputado ha explicado que el PP iniciará una batería de reuniones de trabajo con los alcaldes y portavoces de los 45 municipios de la provincia afectados por el Ley de la Huerta ante el riesgo que supone para el futuro de sus explotaciones agrarias.

    Santamaria ha denunciado que además la Ley crea agricultores de dos velocidades, ya que para el Botànic "sólo existen aquellos profesionales cuyas explotaciones estén inscritas en el inventario de explotaciones agrarias profesionales para la que tendrán que acreditar una superficie mínima que no se fija".

    Esto significa, ha añadido, que todo aquel que no cumpla con estos requisitos "no podrá acceder a las ayudas" es decir, el Consell "pone fecha de caducidad a los agricultores que no se ajustan a su hoja de ruta".

    Al respecto ha advertido de que la Ley prevé más tasas por los agricultores que "tendrán que pagar hasta por respirar" pero no contempla compensaciones económicas por la asunción de estas nuevas cargas del Consell. Para el PPCV es fundamental que se resuelva el tema de la viabilidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones.

    Tanto es así que el PP solicitará que la Ley garantice la supervivencia y la viabilidad de las explotaciones agrarias. Al respecto, ha explicado que la norma contempla "trampas" como el concepto de la soberanía alimentaria que "no pueden ser una excusa para privar a los agricultores de la propiedad de sus parcelas".

    En esta línea, el PPCV denuncia que la ley es una "paradoja en sí misma" porque "es la primera ley para agricultores que no cuenta con los agricultores" ya que no incorpora ni una sola aportación o preocupación planteada por el sector".

    Por ello, el PPCV propondrá que no entre en vigor hasta que se haga el Informe de Viabilidad de las explotaciones que reclaman las organizaciones agrarias y que debe ser consensuado con ellas.

    Además, propone que la Ley no entre en vigor hasta que los agricultores y la conselleria lleguen a un acuerdo sobre las compensaciones e indemnizaciones que deben recibir los agricultores por esas cargas que se le imponen a los agricultores y que van mucho más allá de sus tareas agrícolas.

    Santamaría ha añadido que además, la Ley de la Huerta es un Pativel encubierto ya que "arrasará" con muchas de las dotaciones sociales que ya tienen aprobado los 45 municipios afectados por la norma como colegios, parques públicos o infraestructuras de interés ciudadano.

    Con tal objetivo, el PP intentará que los vecinos de los municipios afectados "conozcan las consecuencias de la normativa que pretende aprobar el Consell" y que en localidades como Sedaví, tumbará un colegio y un parque público.

    La Ley de la Huerta afecta a los 221.000 habitantes de l´Horta Nord, a 106.000 habitantes de L´Horta Sud (con la excepción de Picassent, Silla, Albal, Alcácer y Beniparrell), los 800.000 habitantes de la ciudad de Valencia con sus Pedanías Sur, Pedanías Norte y Pedanías Oeste, los 80.000 de Torrent además de los 253.000 habitantes de L´Horta Oest (excluyendo Aldaya, Alacuás y Manises).

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