Sánchez de León reclama al Gobierno central “pautas comunes para la reforma del turno de oficio para evitar diferencias entre territorios”
La consellera de Justicia ha participado esta tarde en los cursos de verano de El Escorial
“Es necesario un acuerdo global entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas para evitar desigualdades para que en materia de justicia jurídica gratuita no existan ciudadanos de primera y de segunda en materia de turno de oficio”, ha insistido.
La titular de Justicia ha realizado estas declaraciones durante su participación esta tarde en el curso Los retos de la Justicia en España dentro de la programación de los Cursos de verano de El Escorial organizados por la Universidad Complutense de Madrid. En concreto Sánchez de León ha intervenido en la mesa redonda “La asistencia jurídica gratuita: situación actual y perspectivas de reforma”, junto con Antonio Dorado, vocal del Consejo General del Poder Judicial, y con Francisco Martínez, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Decreto con bases comunes
Paula Sánchez de León ha recordado que la gestión del turno de oficio es una materia común a todas las autonomías con competencias y al propio Ministerio de Justicia en aquellas comunidades en las que gestiona, “por lo que requiere de una normativa uniforme que lo regule, ya que estamos hablando de un servicio público esencial que debe ser garantizado por igual en todo el territorio nacional”.
En este sentido, la consellera ha puesto de manifiesto que “probablemente no sea ni necesario realizar una modificación de la propia Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, tal vez con aprobar un nuevo decreto de desarrollo que establezca el marco general común, al menos en cuestiones básicas, como la unificación de módulos que retribuyen las actuaciones profesionales sea suficiente”.
Sánchez de León ha abogado en “la necesidad de racionalizar y ordenar el modelo actual de justicia jurídica gratuita con el fin de que responda estrictamente al principio de solidaridad y sin restringir ningún derecho”. “Debemos introducir medidas que reduzcan el automatismo y aporten realismo al sistema porque es lo que la sociedad reclama en este momento”, ha añadido la consellera.
En la Comunitat Valenciana, en los últimos diez años, el número de expedientes tramitados en esta materia se ha incrementado en un 272,6%. Presupuestariamente, se ha pasado de 9,8 millones de euros en 2003 a 27,7 millones en 2009, lo que representó en ese último ejercicio el 11% del total del presupuesto autonómico destinado a Justicia.
