Salvador: 'Con esta ley damos un paso para situar a la vivienda como un pilar más del Estado del Bienestar'
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha explicado en Les Corts el proyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, que se debate estos días en el parlamento valenciano como último trámite para su aprobación.
Salvador ha asegurado que esta ley "marcará un antes y un después en las políticas de acceso a la vivienda en la Comunitat" y ha añadido que el paso que ha dado el Gobierno valenciano "tiene como objetivo situar a nuestra autonomía entre las sociedades más avanzadas en la protección de los derechos de las personas". "Queremos que la vivienda sea un pilar más del Estado del Bienestar, después de la sanidad, la educación, la dependencia o las pensiones y con esta ley damos ese paso", ha apuntado Salvador.
Durante la sesión, en la que han estado presentes como invitados los miembros del Consell Assessor que ha colaborado con el Gobierno valenciano en la redacción de este texto, la consellera ha agradecido el trabajo realizado por las entidades que han trabajado en este órgano como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), la confederaciones de asociaciones de vecinos y consumidores, Amnistía Internacional, representantes del ámbito jurídico y universitario así como los colegios de abogados y registradores o la Federación Valenciana de Municipios y Provincias porque "hemos querido trabajar conjuntamente para conseguir el máximo consenso posible", ha indicado.
Según ha explicado Salvador, esta ley "sitúa a la vivienda en el centro de las políticas del Gobierno valenciano" y ha añadido que va en la línea de la Nueva Agenda Urbana que salió de la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Habitat III. "Esta ley es un punto de partida para una nueva política de la vivienda que no está basada en la especulación, sino en las personas; para que deje de ser un bien de lujo y pase a ser un bien al servicio del interés general", ha apuntado antes de añadir que "será un instrumento de transformación para consolidar una sociedad más inclusiva, más justa y más equitativa".
El objetivo fundamental de la ley es "hacer efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada" porque la vivienda "supone un proyecto crucial en la vida de muchas personas y este derecho a pesar de estar recogido en la Constitución no se había desarrollado su aplicación, esta ley supone convertirlo en un verdadero derecho".
La consellera ha justificado la necesidad de aprobar esta ley para que "nunca más la vivienda vuelva a estar a la cola de las políticas del Gobierno valenciano" y ha recordado que el antiguo gobierno "redujo la inversión en el programa de vivienda, al pasar de 177 millones en 2002 a tan solo 29 millones en 2014. Una situación que está cambiando con los presupuestos del actual Gobierno valenciano, ya que, en 2016, fue el programa que más subió con un 110% de aumento y en dos años casi se ha triplicado el presupuesto en esta materia con respecto a los últimos presupuestos del antiguo gobierno".
Un derecho a la vivienda efectivo
Por ello, ha apuntado que "es necesario empezar a dar contenido real al derecho a la vivienda como un servicio de interés general" y así reconocer el derecho subjetivo al acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada a aquellas personas que se han visto afectadas por un desahucio o por impago del alquiler y que cumplen los requisitos de la ley. Además, este derecho será exigible ante la Administración, y dispondrá de las garantías de reclamación previstas en el ordenamiento jurídico.
Para garantizar el derecho a la vivienda, el anteproyecto establece que la Generalitat dotará a los presupuestos de fondos económicos para consolidar, ampliar y mejorar el parque público de viviendas. La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio deberá, en un plazo máximo de dos años, desarrollar un plan plurianual de rehabilitación y ampliación del parque público, que incluirá también la adaptación de un 10% de las viviendas para personas con diversidad funcional. En este sentido, la consellera ha explicado que este tipo de medidas "permitirán evitar el abandono del parque público", ya que, tal y como ha recordado "cuando llegamos al gobierno nos encontramos casi 700 viviendas sociales en una situación de ruina total y absoluta".
Medidas contra los procesos de desahucio
La ley contempla también medidas de intermediación y fomento con las entidades financieras y, ante procesos de desahucio de vivienda habitual, por imposibilidad de hacer frente al pago de las cargas hipotecarias o de alquiler, se plantea poner en marcha medidas que posibiliten la continuidad en el inmueble como el alquiler con opción a compra. En estos casos, la Generalitat aplicará un alquiler social durante tres años, que no podrá superar el 25% de los ingresos de la unidad familiar salvo los casos en los que los inquilinos no se puedan hacer cargo.
Sin embargo, solo en el caso de que la entidad financiera se niegue a formalizar un contrato de alquiler en opción a compra y, por tanto la vivienda habitual se quede sin ocupantes, la Generalitat podrá iniciar un procedimiento expropiatorio del usufructo a la entidad financiera por interés social y necesidad de ocupación, por un plazo máximo de tres años que podrá poner a disposición de sus ocupantes.
Estas medidas quedan en suspensión en la ley al solaparse con otras adoptadas en la legislación estatal como es la Ley de segunda oportunidad y, por tanto, se podrán aplicar cuando acabe su vigencia o se derogue la ley.
Movilización de las viviendas vacías
La ley prevé mecanismos para movilizar el gran stock de viviendas vacías en la Comunitat y que asciende a unas 500.000, para ello, se regulan una serie de medidas para evitar que los grandes propietarios de vivienda o las entidades bancarias permitan una prolongada desocupación de las viviendas de manera injustificada. El objetivo es poder garantizar las necesidades habitacionales, sobre todo, de los colectivos con mayor vulnerabilidad.
En este sentido, se establecerán diferentes registros como el Registro de Viviendas Vacías donde se inscribirán todas aquellas viviendas declaradas deshabitadas por la administración mediante una resolución. También se creará el Registro de Oferta y de Demanda donde los particulares que podrán inscribir voluntariamente sus inmuebles.
Según el texto legislativo, se considerará una vivienda vacía aquella que de manera continuada está deshabitado durante un periodo superior a dos años, solo afectará a los considerados grandes propietarios que tengan más de 10 viviendas, en ningún caso a los particulares. Además, quedan excluidos las viviendas destinadas a usos de segunda residencia, turísticos o de usos profesionales, los dotacionales, los que se ofrecen en venta o alquiler para particulares, los que están pendientes de partición hereditaria, los afectados por traslado temporal, entre otros.
Medidas de fomento para ocupación de las viviendas
Para procurar que se cumpla la función social de la vivienda, las administraciones desarrollarán diversas medidas de fomento, como ayudas públicas para el alquiler para personas y unidades familiares con ingresos bajos donde el coste no supere el 30% de los ingresos. También ayudas para facilitar el acceso a la vivienda de varios colectivos y contra la pobreza energética, para garantizar los suministros básicos de luz, agua y gas.
Además se fomentará el alquiler con medidas de estímulo para que los propietarios privados ofrezcan en alquiler sus viviendas a personas y familias con dificultades para acceder a la oferta de vivienda (con ingresos inferiores a 4,5 IPREM). En estos casos, la Administración asegurará las viviendas frente a los riesgos que se puedan sufrir por la ocupación habitacional.
De igual manera se promoverá el alquiler solidario. Los propietarios privados podrán hacer una cesión de la vivienda a la Generalitat que dispondrá para su alquiler durante un período máximo de seis años. El propietario cobrará una renta a cambio de que su vivienda esté en condiciones y en uso, y la conselleria se encargará de realizar el estudio económico y la rehabilitación que repercutirá en el propietario.
Movilizar el máximo número de viviendas
El objetivo es movilizar el máximo número de viviendas posibles, sobre todo, del importante stock que está en poder de las entidades financieras, a fin de dar respuesta habitacional a las personas que más lo necesitan.
Si después de ofrecer las diferentes medidas de fomento incumple su obligación de función social de la vivienda, la Administración podrá actuar mediante multas que tendrán una finalidad incentivadora para el cumplimiento de las diversas obligaciones, los ingresos procedentes de las sanciones se destinarán a actuaciones en materia de vivienda.
Observatori de l'Hàbitat
Para garantizar el total cumplimiento de lo establecido por la ley y también hacer estudios y evaluaciones de la situación de la vivienda en la Comunidad se creará un ambicioso protocolo coordinado por l'Observatori de l'Hàbitat, en el que participarán organizaciones sociales y empresarios representativas de colectivos y agentes del ámbito de la vivienda en la Comunitat Valenciana, así como diferentes consejos municipales creados al efecto.
El Observatori de l'Hàbitat, con carácter anual, deberá realizar una evaluación de los aspectos y el correcto cumplimiento de las medidas y el funcionamiento de la ley. Se realizará una auditoría quinquenal mucho más ambiciosa que analizará punto por punto las diferentes medidas de la ley y recomendará su mantenimiento, profundización, reforma, modificación o supresión.
