Salomé Pradas acusa de falta de imparcialidad a la jueza de la DANA y pide su suspensión
La ex consellera de Justicia denuncia "irregularidades" en la instrucción
La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa que investiga la tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que fallecieron 228 personas. La defensa de Pradas, imputada por presunto homicidio imprudente, solicita la suspensión cautelar de la magistrada y el nombramiento de un juez sustituto mientras se resuelve la investigación judicial.
En el escrito, firmado por el abogado Eduardo de Urbano, se denuncian "irregularidades" en la instrucción, como la existencia de autos judiciales con "afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente", la "predeterminación del objeto de la instrucción", la "denegación reiterada de diligencias solicitadas por las partes" y la "limitación del derecho de defensa durante las declaraciones". La defensa también desliza la posible intervención de personas ajenas al procedimiento, en referencia a la supuesta influencia del marido de la magistrada, aunque la fiscalía ha desmentido públicamente cualquier participación externa en la instrucción.
Pradas sostiene que estas actuaciones suponen una "falta manifiesta de imparcialidad" y una "vulneración de derechos fundamentales", poniendo en cuestión la equidad del proceso judicial. Por ello, solicita al CGPJ la apertura de diligencias informativas y la suspensión de la jueza Ruiz Tobarra de la causa mientras se resuelve la queja.
Desde el CGPJ, recuerdan que la presentación de una queja no implica la apertura automática de un expediente disciplinario, sino que, en caso de ser admitida, se inicia una fase preliminar para valorar la relevancia disciplinaria de los hechos denunciados.
La instrucción judicial sobre la gestión de la DANA es considerada una de las más complejas y de mayor impacto social en los últimos años en España. La defensa de Pradas insiste en la necesidad de que el proceso se desarrolle con pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial.