Bonig se compromete a se compromete a derogar el Decreto anti industrial que pone en peligro la continuidad de Lafarge
La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y candidata a la presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, se ha comprometido a garantizar la actividad de Lafarge "frente a la política anti industrial del Consell de Ximo Puig.
Isabel Bonig se ha expresado en estos términos durante una visita a las instalaciones que la empresa tiene en el Puerto de Sagunto, donde se ha entrevistado con el Comité de Empresa y con la dirección de la firma.
"La política sectaria y anti industrial de esta coalición sanchista de izquierdas del PSPV, Compromís y Podemos supone un ataque directo a 650 familias que pueden perder su trabajo por una decisión basada únicamente en cuestiones ideológicas", ha señalado Bonig.
"Mi compromiso, el del PP, es que si el 28 de abril los ciudadanos valencianos nos dan su compromiso y su confianza, mantendremos el apoyo total y absoluto a esta fábrica y trabajaremos para mantener la actividad de esta empresa que genera y mantiene a 650 familias y puestos de trabajo".
Asimismo, la presidenta de los populares valencianos ha subrayado que se legislará para mantener la protección del paraje natural de Romeu, en el término municipal de Sagunto. "Porque es perfectamente compatible el mantenimiento del paraje natural y la actividad extractiva como así recogía el convenio entre el ayuntamiento y la empresa, aprobado por amplia mayoría durante el último gobierno municipal del Partido Popular".
Ese convenio establecía ocupación hasta el año 2030, en su actual ubicación mientras el ayuntamiento emitiría, los informes preceptivos para trasladar la actividad extractiva a la zona del Piñal.
Por su parte Lafarge, aseguraba los empleos, más de 650 entre directos e indirectos, y las inversiones para garantizar la continuidad de la empresa y además se comprometía a adquirir terrenos en la zona de la actual explotación en Monte Romeu para constituir y mantener un paraje natural de más de 130 hectáreas.
Con el cambio de legislatura, el gobierno cuatripartito de Compromis, EU, Podemos y Psoe, ha incumplido los acuerdos alcanzados con la complicidad del Consell, que ha activado una nueva propuesta de protección del paraje natural que impediría la continuidad de la empresa, generando inseguridad jurídica y frenando la legada de nuevas inversiones.
