21 de febrero de 2020 21/2/20

Una sentencia judicial condena al ayuntamiento a pagar 46.000 euros a la SGAE

  • El fallo subraya que el gobierno del PP no pagó por emisiones en eventos

El juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia ha dictado una sentencia en la que obliga al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria a pagar 46.260 euros a la sociedad general de autores y editores (SGAE) por la emisión de obras y música sin la preceptiva autorización de este organismo que se llevaron a cabo en espacios o recintos públicos entre los años 2007 y 2015.

La demanda del SGAE fue presentada en mayo de 2016 después de que este organismo presentase diversas y "constantes" reclamaciones en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria durante el citado periodo para el cobro de los derechos de autor. Además, se remitieron diversas cartas a la administración local desde enero de 2008 en las que exigían los datos necesarios para cuantificar la deuda, además de la solicitud de entrevistas con el concejal de festejos y liquidaciones de deuda que, según el fallo, "es justificación suficiente de que no existe abandono de la acción en todo este tiempo".

Los magistrados ponentes de la sentencia certifican que el Ayuntamiento de Riba-roja, gobernado en aquella época por el Partido Popular, organizó de manera directa o indirecta "los actos reclamados con un devengo por derechos de retribución para los autores de las obras celebradas públicamente que el consistorio no satisfizo en su momento" por lo que concluye que debe pagar por los derechos de propiedad intelectual".

La sentencia recuerda que el ayuntamiento "es un ente local que, en ocasiones, organiza actos en los que se comunican públicamente obras amparadas, y esos actos eran de muy diversa naturaleza, proyecciones cinematográficas, obras de teatro, conciertos, disco móvil...sin que el ayuntamiento haya abonado la remuneración de los derechos", tal y como reconoce el propio consistorio.

El tribunal aclara que no se puede prohibir genéricamente el cese de una actividad ilícita sino simplemente recordarle que la realización de actos de comunicación pública "pueden devengar derechos de autor gestionados por sociedades como la actora sin que pueda presumirse a priori que el ayuntamiento organizador va a infringir nuevamente la normativa protectora de los derechos de propiedad intelectual".

El fallo judicial desestima la pretensión de la SGAE de prohibir cualquier acto cultural y de ocio en la localidad de Riba-roja de Túria "de manera indiscriminada, cuando éstas no se realizan de forma continuada, ni suponen un perjuicio irreparable para los derechos de propiedad".

El juez rechaza las alegaciones del anterior gobierno de Riba-roja de que el consistorio no organizaba los eventos en los que se emitía la música y las obras sujetas a derechos de autor -limitadas a seguridad y limpieza, según especifica el fallo- sino que la labor de esta administración "resulta indispensable para la organización de los actos" además de que colaboraba económicamente de una forma decisiva con las agrupaciones cívicas en los eventos festivos, incluso con subvenciones de entre 15.000 y 20.000 euros a cada una de ellas.

La sentencia manifiesta que el ayuntamiento "se coloca en la cómoda posición de quien impugna todo de manera genérica, cuando está claro que tales actos de comunicación se efectuaron en espacios o lugares públicos, no identifica aquellos en los que puede existir discusión, justificando las razones por las que no debe hacerse responsable y señalando al organizador del evento para que se le puedan reclamar las correspondientes cantidades".

El fallo censura que el anterior gobierno del PP en el Ayuntamiento de Riba-roja "en su escrito de contestación, ni de forma directa ni indirecta, se identifica ni un solo de los actos discutidos, de un plumazo se desliga de la organización del centenar de actos reclamados". La SGAE identifica los actos celebrados en un espacio público, además de la documentación con las facturas y las reclamaciones administrativas previas a la demanda judicial, lo que en la sentencia permite deducir que el consistorio "tuvo intervención organizativa en todos los actos que son objeto de reclamación".

El actual equipo de gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- afirma que esta sentencia "es un nuevo varapalo económico para las arcas municipales que vienen a confirmar que el anterior gobierno del PP no realizaba una gestión correcta a pesar de las advertencias que se le hacían de forma reiterada desde algunas instancias públicas y que ahora esta sentencia pone en evidencia de forma muy clara y sucinta".

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