RIBA-ROJA DE TÚRIA | POLÍTICA

Riba-roja de Túria asumirá la gestión directa del PAI Vella 8 valorada en 1 millón de euros

ELPERIODIC.COM - 27/01/2024

El pleno municipal aprueba la ejecución del programa urbanístico de forma directa e impone una penalización de 24.383 euros por daños y perjuicios

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la resolución de oficio de la adjudicación de la condición de agente urbanizador de la unidad de ejecución Vella 8 por los reiterados incumplimientos de la mercantil que debería haberlos llevado a cabo. La resolución municipal se ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno del PSPV, además de Compromís y de Esquerra Unida-Podem y la abstención del Partido Popular y Vox.

La sesión plenaria ha aprobado, además, otras medidas como la imposición de una indemnización económica de 24.383 euros a la empresa adjudicataria de la actuación urbanística en concepto de daños y perjuicios y ha acordado la ejecución del aval bancario que depositó en su día la mercantil privada en virtud del convenio suscrito en su día por un importe total de 60.764 euros.

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado luz verde, también, a la aprobación de una garantía complementaria de la unidad de ejecución por un montante global de 21.237 euros a la empresa mercantil porque en su día realizó una retasación de las obras de actuación cuantificadas en un aumento de hasta el 26’65% sobre el valor inicial con el beneplácito del consistorio, pero, en cambio, no se amplió la correspondiente garantía.

El programa de actuación integrada (PAI) Vella 8 fue adjudicado por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en diciembre de 2005 a través del correspondiente convenio urbanístico entre ambas partes y con el compromiso de la mercantil de ejecutar las obras en un plazo máximo de 3 años, tal y como consta en el acuerdo oficial. Para el proyecto de urbanización se concedía un plazo de un mes a contar desde la adjudicación y para el proyecto de reparcelación se otorgaban seis meses como máximo.

Como consecuencia del convenio, la empresa formalizó en febrero de 2007 sendos avales bancarios por valor de 8.381 y 52.383 euros, respectivamente, de forma que se alcanzan los 60.764 euros en total, tal y como consta en el convenio suscrito. Sin embargo, la empresa solicitó en julio de 2008 una retasación automática de las obras que se debían llevar a cabo en la actuación con un incremento global del 26’65%, si bien no se constituye una garantía económica complementaria al respecto.

Sin embargo, pese a la concesión de las nuevas cargas urbanísticas que pasaría a percibir la empresa en concepto de las obras de urbanización del PAI Vella 8, las obras no se han llevado a cabo a pesar de los plazos legal establecidos en el convenio suscrito en su momento. Por ello, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria requirió a la mercantil en junio de 2020 para que aportase un plan de trabajo en un plazo de un mes con el objetivo de garantizar la completa urbanización de la unidad de ejecución. La empresa nunca respondió al requerimiento municipal.

Los informes técnicos elaborados por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria constatan que “una demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados por parte del urbanizador” y, además, hallan “una inactividad injustificada del urbanizador pese a los requerimientos por parte del ayuntamiento para la finalización de las obras”, además de haber sido declarado el concurso voluntario de acreedores del urbanizador.

Los mismos informes subrayan que no concurre “ninguna circunstancia ajena o causa de fuerza mayor que justifique los incumplimientos del urbanizador puesto de manifiesto, por lo que nos encontramos ante un incumplimiento culpable del urbanizador”. Por ello, se recoge la incautación de las garantías económicas depositadas en su día por el urbanizador, así como las garantías prestadas.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha lamentado que actualmente “todavía estamos resolviendo todos los problemas heredados por la mala praxis del Partido Popular desarrollada durante la época del boom inmobiliario en el que proliferaron los pelotazos urbanísticos de determinadas empresas y que ahora nos obligan a destinar recursos económicos y humanos a resolver esta situación”.