Riba-roja de Túria aprueba una moción contra la ley educativa del PP por considerarla “innecesaria, discriminatoria y recesiva”

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una moción conjunta redactada por los grupos municipales del PSPV, Compromís y Esquerra Unida-Podem contra la ley de la Generalitat Valenciana sobre “libertad educativa” al considerar que se trata una iniciativa “innecesaria, discriminatoria y recesiva impulsada por cuestiones educativas del Partido Popular al menospreciar, claramente, los criterios científicos y pedagógicos de académicos y profesionales del sector de la educación”. La iniciativa ha salido adelante con los votos del PSPV, Compromís y Esquerra Unida-Podem y el voto en contra del Partido Popular y Vox.

Los tres partidos firmantes subrayan que, actualmente, “la educación pública de la Comunitat Valenciana está sufriendo un ataque constante, mientras el conseller Rovira habla de la necesidad de dignificar la educación, garantizar la igualdad de oportunidades, las acciones de su gobierno van en la dirección contraria. Así lo demuestran los recortes de unidades y de profesorado, junto a la inminente destrucción del programa plurilingüe, poniendo en riesgo la calidad del sistema educativo”.

El PSPV, Compromís y Esquerra Unida-Podem recuerdan que, en el año 1983, la Llei d’ús i ensenyament del valencià ha ido avanzando lentamente tanto en la recuperación de la lengua propia como en salvar las dificultades sociolingüísticas para mantenerla viva. Conocer y utilizar las dos lenguas oficiales en todos los municipios de la Comunitat era un derecho que se iba haciendo realidad. Sin embargo, el futuro del valenciano en Riba-roja de Túria es “impredecible por cuestiones políticas que ponen el foco en la mal llamada libertad educativa, una libertad que menosprecia los criterios científicos y pedagógicos académicos y profesionales de la educación”.

El texto aprobado por el pleno de Riba-roja de Túria añade que la citada ley “no atiende las recomendaciones de la comunidad científica, en el que el uso vehicular de la lengua minorizada debe ser mayoritario y en ningún caso debe bajar del 50% para corregir el bilingüismo social asimétrico. Su aplicación genera un efecto segregador en los centros educativos, con alumnado separado según la lengua vehicular escogida en detrimento de la convivencia y los proyectos inclusivos del centro”.

La moción considera, además, que la ley “acentúa el conflicto lingüístico, sitúa el debate en la elección entre valenciano y castellano en lugar de situarlo en el ámbito de la pedagogía, en la elección de programas integrales como el actual que ya permiten una competencia equilibrada en las lenguas oficiales. Además, no garantiza que se haga efectiva en la libertad de elección porque no se podrá establecer un modelo lingüístico de centro hasta que concluya el proceso de consulta/admisión y tampoco atiende la diversidad de modelos de familia y contexto social de cada centro educativo”.

Otras razones contra el citado texto jurídico se centran en la ausencia de un quorum mínimo de participación en la consulta para que se considere válido, el número de unidades en cada lengua base se determina independientemente del nivel de participación de las familias, asignando la administración el resto del alumnado que no haya participado en la votación, además, la libertad educativa alude a la responsabilidad de la administración de garantizar un conocimiento equilibrado de ambas lenguas oficiales y tanto en los procesos selectivos como en la adquisición de títulos de valenciano, el requisito se verá drásticamente reducido”.

Por último, la ley vulnera la carta europea de lenguas regionales o minoritarias, en la que compromete al Estado a defender muchas de las políticas en apoyo del valenciano y que obliga a los tribunales españoles a tener en cuenta sus principios del marco europeo a la hora de interpretar la normativa lingüística aplicable al valenciano.

La concejala de Educación de Riba-roja de Túria, Eva Lara, ha lamentado que el Partido Popular “sólo tiene una preocupación cuando alcanza el poder y que no es otra que atacar a nuestras señas de identidad, en este caso un patrimonio tan importante como nuestra lengua, y más teniendo en cuenta la aceptación existente en el mundo educativo sobre sobre la política lingüística que disfrutamos hoy, que se ha mostrado ampliamente satisfactoria”.