Riba-roja suspende las licencias para instalar determinados negocios en el municipio

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado por unanimidad una propuesta del equipo de gobierno para suspender por un periodo máximo de dos años la implantación en el casco urbano y en las urbanizaciones del término municipal de nuevas actividades comerciales como gasolineras, funerarias, centros de juego como bingos u otras iniciativas similares, tiendas eróticas, antenas de telefonía y discotecas.

La iniciativa ha salido adelante en el pleno municipal por unanimidad con los votos a favor del gobierno local -PSPV, Compromís y Esquerra Unida- como impulsor del proyecto y el apoyo del resto de los partidos de la oposición: Partido Popular, Riba-roja Pot y Ciudadanos.

Los negocios de esta índole que ya están implantados en el casco urbano se mantendrán pero, en cambio, no se concederán nuevas licencias para abrir este tipo de establecimientos tras las quejas vecinales y las molestias recibidas desde hace tiempo en el ayuntamiento y, por tanto, se inicia un periodo en el que el gobierno local estudiará una regulación específica. La decisión de suspender nuevas licencias se toma al amparo de los artículos 64 y 65 de la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Generalitat Valenciana.

No en vano, el actual plan general de ordenación urbana (PGOU) se remonta al año 1996 y en él se ignora la realidad de este tipo de establecimientos comerciales, su relación y su incidencia con los vecinos y las zonas habitadas. La intención del actual gobierno local pasa por atender convenientemente las demandas vecinales y su reflejo en la realidad urbanística para combinar los intereses de ambas partes: los vecinos y los promotores de estos establecimientos.

Las áreas afectadas por la suspensión de licencias durante dos años son el casco urbano, el área del ensanche, el interior, la colonia Diamante, las viviendas unifamiliares aisladas, las urbanizaciones de segunda residencia, la Mallà, residencial la Reva y las áreas de tolerancia industrial. Sólo se podrán conceder en el resto de ubicaciones del término municipal a lo largo del citado periodo de tiempo.

La propuesta del gobierno de Riba-roja subraya que estas actividades "requieren, por su repercusión en el medio urbano, una regulación específica que armonice su implantación con la defensa de otros valores ciudadanos" de tal forma que el consistorio estudiará durante los dos años la ubicación definitiva de este tipo de empresas en las áreas habitadas de la localidad". La moción aprobada matiza que el plazo de dos años se podrá interrumpir si transcurrido un año no se somete a exposición pública la propuesta del plan municipal aprobada ahora.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha manifestado que esta decisión "se toma por la necesidad de actualizar un plan general obsoleto que el Partido Popular ha sido incapaz de revisar para adaptar la nueva realidad social en un documento que debe ser el fiel reflejo de una ciudad moderna, innovadora y defensora de los derechos de los ciudadanos de la localidad; por ello, este gobierno ha tenido que tomar una decisión valiente para llevar adelante un proyecto de progreso y bienestar social".

Raga ha subrayado que en el casco urbano "existen en estos momentos algunas gasolineras, funerarias o antenas de telefonía que deben ser estudiadas en una normativa legal de la que actualmente carecemos y cuya resolución se debe regular y actualizar en una ordenanza para evitar molestias o perjuicios a los vecinos, una situación que se viene arrastrando desde hace años como una asignatura pendiente de resolver históricamente en Riba-roja".

La extinción del acuerdo de suspensión aprobada por el pleno se producirá con la entrada en vigor de un nuevo planeamiento urbanístico al efecto o por el transcurso del plazo de suspensión previsto de dos años. La denegación de las solicitudes presentadas antes de la suspensión, y que se deberían haber otorgado de no haber mediado este cambio, se podrán indemnizar por el coste del proyecto, la devolución de los tributos y las cargas económicas satisfechas.